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Ley de Medios: “nítidamente intervencionista” y autoritaria

No solo la oposición cuestiona la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o ley de Medios del gobierno, sino también los expertos y hasta se la bombardea desde dentro del propio Frente Amplio.

El lunes 19, en una conferencia internacional, el exministro de Turismo del gobierno del expresidente Tabaré Vázquez y de los primeros tres años de la administración de José Mujica, Héctor Lescano, consideró que en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se reservan “poderes” para el gobierno de turno que deben ser modificados en bien de la preservación de la libertad de expresión.

Y anunció que durante la discusión abierta en el Parlamento sobre el proyecto de ley el Frente Amplio deberá introducirle modificaciones que precisamente aseguren el “irrestricto respeto a la libertad de prensa”.

Ahora, el experto en derecho administrativo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Delpiazzo, fue invitado a dar su opinión jurídica y técnica en la comisión de Industria de la Cámara de Representantes. Es una ley “nítidamente intervencionista”, con inconstitucionalidades y que expondrá al Estado a varias demandas de empresas privadas, advirtió.

Delpiazzo mencionó una decena de elementos de la iniciativa que le merecen reparos o directamente que le resultan “cuestionables en lo jurídico y en lo técnico”. “Es una ley que va a contramano de los tiempos porque excluye a la mayoría de los medios audiovisuales al presente y en las épocas por venir, por ejemplo las nuevas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones”, sostuvo.

“Es un proyecto de ley de talante nítidamente intervencionista, donde el Estado recibe privilegios que se quitan a la vez a los operadores privados, en el ámbito de la radio y la televisión. Se discrimina a la empresa nacional ante la multinacional, a la pública respecto a la privada, el Sodre es un gran olvidado en este proyecto”, analizó Delpiazzo.

Según el experto, de aprobarse el texto como está redactado “el Estado recibirá muchas demandas de responsabilidad por actividad legislativa”, además de señalar varias inconstitucionalidades.

 

“Entre sus 183 artículos, la ley tiene muchos que son nítidamente inconstitucionales, otros que pueden llegar a serlo. Séanlo o no, muchos son dañosos en tanto violan derechos ya adquiridos, o limitan actividades que hoy se realizan en el campo de la libertad, establecen monopolios públicos en actividades que hoy los particulares podrían cumplir, y todo eso puede ser un germen de demandas reparatorias por daños económicos a empresas que tendrán que cerrar o no podrán seguir con sus actividades actuales, o eventualmente no podrán crecer dadas las limitaciones que la ley contiene”, explicó Delpiazzo.

Autoritaria.

En particular, Delpiazzo se refirió al artículo 81 del proyecto, según el cual Antel o un servicio a crear, serán los únicos que podrán brindar servicios de transporte y transmisión de información en condiciones onerosas.

“De acuerdo con la Constitución el legislador puede establecer monopolios pero deben ser de acuerdo a lo que la propia Constitución requiere como mayorías”, previno.

El catedrático consideró que este proyecto tiene “algunas normas que claramente se inspiran en la ley argentina” que regula los medios, con un capítulo sobre sanciones “que podría tener su fuente en una ley ecuatoriana”, pero también tiene disposiciones que están tomadas de las leyes de Estados Unidos y España al respecto.

Delpiazzo dijo no saber quién redactó el proyecto. “En todo caso hay algunos capítulos en donde uno puede encontrar una inspiración similar. La ley argentina es autoritaria, esta ley es autoritaria. En eso tiene un rasgo en común”, precisó.

“Si se me pregunta si quiero que esta ley se apruebe, prefiero que no y que en todo caso se adecue la legislación vigente” en la materia, añadió. “Esta es una ley muy extensa y cuando se dicen muchas cosas se puede meter uno en campos donde no se debiera meter”, sostuvo.

La comisión legislativa continuará hoy jueves con su trabajo sobre el proyecto, recogiendo la opinión del constitucionalista Martín Risso Ferrand y a la Asociación de Productores Uruguayos de Contenidos Audiovisuales para Niños y Adolescentes.

La semana próxima la comisión de Diputados continuará recibiendo a delegaciones y expertos en el tema para terminar de formarse una opinión sobre el proyecto, que irá al plenario en septiembre.

“Se puede hacer un disparate”

El abogado Carlos Delpiazzo dijo que cuando habla de “censura” o “abuso de controles” estatales, no hace “una atribución de intenciones, ni ningún juzgamiento de un gobernante actual o del autor de la ley”. Sin embargo, advirtió en la comisión que cuando se analizan “textos tan indeterminados y abiertos como este, tenemos que pensar que mañana cualquier persona de cualquier partido podría hacer cualquier disparate con este texto en la mano”.

 

El País, 22 de agosto de 2013 – Daniel Isgleas

 

 

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