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Jorge de Feo y la ley de medios

Más puestos para el amiguismo, más gastos para el Estado.

El proyecto de ley de medios parece retroceder en el tiempo, a Max Weber y su modelo burocrático.

Ya desde hace décadas el objetivo de bajar los costos del Estado ha sido premisa de las administraciones. Se han impulsado diferentes estrategias para prescindir de funcionarios, organismos y trámites.

En contraposición, el proyecto de ley de medios no ha escatimado en generar o proponer se generen diferentes espacios de “control” de lo que allí pretende.

Veamos entonces los diversos organismos de contralor que surgen del mismo.

“Artículo 58 y siguientes. “Créase… el Consejo de Comunicación Audiovisual…” No merece analizar sus competencias, van hasta el literal “u”, lo que sin mucho análisis nos permite deducir que no serán funciones reducidas. En cuanto a recursos para solventar el mismo, por suerte, además de sostenerse por las multas que aplique –más se reafirma el espíritu punitivo del proyecto–, además de las asignaciones presupuestales –que supongo la quinquenal no la previó– prevé “legados o donaciones a su favor”…

Artículo 63 y siguientes. Dirige el Consejo de Comunicación Audiovisual una Comisión directiva, integrada por 5 miembros con retribuciones de entre el 70% y80% “de la retribución otorgada a un Subsecretario de Estado”.

A este aparato le debemos sumar el artículo 69, que dispone se cree la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), con 14 miembros. Si bien la misma, como lo dice su nombre, es honoraria, se sumarán los gastos de administración al Consejo de Comunicación Audiovisual, “quien proveerá el presupuesto y recursos humanos, administrativos y técnicos necesarios para su funcionamiento” (artículo 72). Más que Chasca parece un Chasco.

Finalmente en el artículo 74, “Institúyese el Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Lo que va a contramano de la tan pregonada reforma del Estado que pretende simplificar los trámites, lograr mayor eficiencia y celeridad y bajar los costos, entre otras cosas.

Un costo seguramente no previsto, y un plantel de funcionarios para controlar el cumplimiento de todas las disposiciones que el proyecto de ley contiene, y que pone a las producciones en situación de inseguridad dada la subjetividad y la casuística, como hemos expresado, de las disposiciones que serán interpretadas y calificadas de una manera discrecional.

Esos recursos serían mucho más útiles si se usaran para la promoción de audiovisuales de manera clara y sencilla, con la transparencia que corresponde para que sean beneficiadas las producciones que se merecen.

 

El Observador, 27 de agosto de 2013 – Jorge de Feo – Opinión

 

 

 

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