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El gobierno y el derecho

Cuando el Presidente sentenció que la política estaba por encima del derecho muchos lo escuchamos sin demasiada alarma. Asumimos se trataba de una inadvertencia de las suyas, en un mal día de su mandato. Pero esta vez la costumbre nos engañó y no hubo rectificaciones. Mujica, está efectivamente convencido que el derecho importa poco y que para el caso no cabían desmentidos. Luego supimos que lo mismo cree el gobierno en su conjunto y que la irrelevancia del orden normativo integra su cultura política. Por más que no sea con un ánimo violatorio expreso, como a veces exhiben los autoritarismos, sino como un requisito menor, una forma que puede dejarse de lado en aras del cumplimiento de metas políticas sustanciales que se entienden de mayor trascendencia.

Para probarlo no es necesario remontarse demasiado atrás en el desempeño de esta administración, alcanza poco más que con el último año. Cuando luego de desmentidos reiterados se derogó parcialmente la ley de caducidad la doctrina había advertido casi unánimemente que ello supondría notorias inconstitucionalidades. Pero ello no importó, la bancada oficialista impuso su mayoría y el Poder Ejecutivo promulgó la ley a sabiendas de la grosera violación de la Carta. Cuando como era esperable la Suprema Corte se pronunció en contra, el gobierno como si se sorprendiera, permitió una campaña de agravios sin precedentes contra otro poder del Estado.

Pocos meses más tarde el objetivo consistió en hacer ingresar a Venezuela en el Mercosur, hasta ese momento impedido de hacerlo por el veto del Paraguay. Bastó la legítima remoción del Presidente de este país, para que mediante un acto de clarísima intervención, violatorio del derecho internacional, Uruguay secundara a sus restantes socios y suspendiera la titularidad paraguaya. Un acto de intromisión groseramente ilegítimo que rompió una inmaculada tradición jurídica del país sin que nadie en el oficialismo se inmutara en lo más mínimo.

Por estos días se acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley para regular los servicios de radio y televisión que limita fuertemente los contenidos que podrán difundir los medios. A ello se suma que la aplicación de los controles y prohibiciones en la materia se efectuará por parte del Poder Ejecutivo “per se y ante se”. Ninguno de los constitucionalistas que han emitido opinión avala dicha regulación claramente inconstitucional y una vez más contraria a la trayectoria internacional del país en materia de libertad de expresión. Sin embargo, salvo milagro, hay fuertes posibilidades que la misma sea sancionada. La semana pasada el Tribunal de Cuentas, siguiendo una reiterada jurisprudencia y la opinión acorde de la doctrina nacional, dictaminó que Antel no puede construir un estadio puesto que su carta orgánica no admite tal emprendimiento. No obstante al día siguiente, en insólita celebración, con la concurrencia de todo el gobierno, la Presidenta de ese organismo anunció triunfalmente la prosecución de las obras en convenio con la Intendencia de Montevideo. En el mismo acto la primera senadora declaró que los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas no son vinculantes y que la decisión, como si ello la invalidara, no se había adoptado por unanimidad. A nadie pareció molestarle que otra vez la Constitución, que para algo crea órganos y controles, se dejara de lado.

Es costumbre.

 

El País, 19 de agosto de 2013 – Hebert Gatto – Opinión

 

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