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Camino empinado

La izquierda, el gobierno y la transparencia

Con la aprobación en 2008 de la primera ley de acceso a la información pública de la historia, Uruguay dio un paso trascendente en el sentido de hacer posible el derecho de cualquier persona a acceder a información en poder del Estado. Una ley fruto de un largo trabajo de la sociedad civil, pero también de la voluntad política del primer gobierno de izquierda para avanzar en un terreno en el que los demás partidos no habían querido. La ley fue una fisura en el muro de secreto, pero también el comienzo de un camino empinado para habilitar el control democrático, la protección de derechos, el monitoreo de políticas públicas y otra cantidad de funciones que cumple la información en una democracia.

Desde entonces algunas cosas caminaron bien y otras no tanto en relación con la ley 18.381. Se puso en marcha la Unidad de Acceso a la Información Pública (uaip) dentro de la Agesic; lentamente la herramienta empezó a ser utilizada por personas, organizaciones, sindicatos y dirigentes políticos, al tiempo que se hizo más conocida entre los funcionarios públicos; algunos organismos incluso generaron procesos específicos para cumplir con la ley, capacitaron a sus funcionarios; y fue declarada plenamente constitucional por la Suprema Corte.

Sin embargo hay otros aspectos que funcionaron mal. No todos respetan los plazos para entregar la información solicitada; en otros casos se responde con molestia o se remite un fárrago de información; hay obstáculos para que los pedidos se puedan tramitar vía correo electrónico; no faltan abusos a la hora de clasificar la información como reservada o confidencial. También hay empresas públicas (no todas) que reservan buena parte de la información estirando la excepción que las resguarda de un daño a su capacidad competitiva; y los organismos de seguridad del Estado (Interior y Defensa) interpretan que toda la información en su poder es de seguridad nacional (incluso cuánto se gasta, quién dispone el gasto, quién controla). Finalmente, las sociedades anónimas propiedad del Estado siguen al margen de la ley.

En contrapartida, falta una política pública de acceso a la información y transparencia dotada de recursos suficientes para empoderar a los ciudadanos en el uso de esta herramienta, algo que hacen países como Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda. Tampoco se avanzó en dotar de una mejor posición institucional y mayor independencia al órgano de control de la ley (la uaip).

La última noticia es poco alentadora. Con la rendición de cuentas se incluyó una reforma de la ley. Hay tres aspectos preocupantes. En primer lugar, se propone una nueva excepción al régimen de publicidad, por la cual el Estado podrá denegar la información si aún no se ha tomado una decisión sobre el proceso deliberativo, o si la misma está siendo utilizada para procedimientos de control y evaluación. Redactada así, la excepción podría servir para impedir el acceso a buena parte de la información pública y no se adecua a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh). Pero además puede permitir que se oculte información durante los procesos de toma de decisión, evaluaciones, control, o elementos sustantivos de la discusión de cualquier política pública (económica, social, ambiental, derechos humanos, transporte), algo que reduce la democracia, la transparencia y los niveles de participación social.

Una segunda reforma planteada permitiría que la administración clasificara como reservada o confidencial la información en el momento de presentarse una solicitud por parte del ciudadano. Hay que recordar que los organismos públicos dispusieron de cuatro años para clasificar la información. Esta disposición permitiría una acción discrecional a la hora de responder a una solicitud, cuando en realidad el organismo de control debería poder sancionar a los servidores públicos que no clasificaron la información en tiempo y forma. Puede ser también un cheque en blanco para reservar cualquier información políticamente sensible.

Un amplio abanico de actores sociales (nacionales e internacionales) rechaza esta reforma. Sobre todo la forma de instrumentarla, sin convocar a un ámbito participativo previo. De hecho, parece una decisión contradictoria con el accionar del actual gobierno, que ha adherido a la Alianza por un Gobierno Abierto, que reúne a más de 70 países y que tiene como pilares un mayor acceso a la información, los datos abiertos y la lucha contra la corrupción.

Este breve relato forma parte además de una cuestión de fondo. Hay jerarcas del Estado –de carrera y políticos– que aceptan de buen grado trabajar con las puertas abiertas, pero hay otros a los que parece molestarles cumplir con esta ley. Hay quienes siguen creyendo que las razones de Estado están por encima del derecho de la gente a saber cómo se gobierna. Es una discusión de fondo que no se ha dado en ninguno de los partidos políticos uruguayos, pero que es clave para una izquierda que ha hecho de la transparencia una bandera histórica.

El acceso a la información es el oxígeno de la democracia. Basta ver el reclamo de transparencia en los estallidos sociales de diversas partes del mundo. Es un componente sustantivo de la legitimidad de los gobiernos entre elecciones y un requisito indispensable para una participación inteligente de las personas en los asuntos públicos.

 

Brecha, 02 de agosto de 2013

 

 

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