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Xavier criticó “hipocresía de mala calidad”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Mónica Xavier, ironizó en una columna publicada este martes respecto a quienes “han resuelto derogar la futura ley de Servicios de Comunicación Audiovisual antes de que se inicie su discusión”.

Xavier tituló su columna Hipocresía de mala calidad y cuestionó a quienes afirman que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se trata de “un agravio a la tradición nacional de tolerancia y respeto a la libertad de expresión” y a aquellos que la catalogan como “ley mordaza” o “herramienta para ejercer un control prácticamente policial sobre los medios nacionales”.

La presidenta del FA recordó que el propio presidente José Mujica afirmó que “es una propuesta susceptible de ser conversada y modificada” y se refirió al pasado para criticar el accionar de gobiernos anteriores en la distribución de los espacios. Estimó que “basta ver los nombres de las personas beneficiadas en la entrega de emisoras y canales tanto por la dictadura como por el Partido Colorado y Nacional, para darse cuenta de que la gran mayoría tuvo un destino clientelístico”.

Al respecto, puntualizó que entre 1984 y 1985 se entregaron 39 radios, varias de ellas a miembros del Consejo de Estado y ex intendentes del régimen militar; agregó que el Partido Colorado entregó 70 radios entre marzo de 1995 y febrero de 2000, de ellas 36 un mes o días antes de dejar el gobierno; y señaló que el Partido Nacional entregó 65 autorizaciones en su gobierno, 60 de ellas el último año de gobierno.

Asimismo, recordó que en 1993 los blancos dieron 3 licencias para TV cables de Montevideo, a los mismos dueños de los canales de TV abierta, aunque había 8 propuestas que cumplían con los requisitos que podían ampliar la competencia.

Xavier sostuvo que se trató de “prácticas discrecionales y discriminatorias” y que los “abusos” en la administración de concesiones tienen como consecuencia “el silenciamiento de voces disidentes, el desmedro de la pluralidad y de las opiniones necesarias para la democracia”.

Respecto al proyecto actual, subrayó que no se trata de una propuesta “inconsulta” porque en 2010 el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) inició una consulta pública para la elaboración de la ley en la que participaron todos los actores involucrados.

En cuanto a la presuntamente jaqueada libertad de expresión, afirmó que el proyecto “peca de ser excesivamente garantista” ya que “incluye varias definiciones vinculadas a esa libertad y al derecho a la información”.

Añadió que en todo el mundo hay regulación de medios, ejemplificando que en Chile, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, y varios países de la Unión Europea rigen normativas de ese estilo.

Así, hizo hincapié en que “el tema no es si se puede o no regular los medios de comunicación, sino cuáles son los límites de esa regulación, para que ésta sea legítima”. “Qué se regula, qué no, quién aplica esa regulación, son los aspectos a aclarar para que la regulación no sea una excusa para censurar, o para condicionar la emisión de informaciones u opiniones”, agregó.

En la misma línea, enfatizó en que “no es una proyecto de ley de medios” porque no pretende regular los contenidos de la prensa ni intervenir en la línea editorial. Recalcó que “no se busca amordazar los medios” sino promover y garantizar el pluralismo y por eso sostuvo que “llaman la atención las banderas a favor de la libertad de expresión que se han levantado como si la futura ley se plantara en contraposición a ese derecho”.

“El proyecto es una oportunidad para lograr un país más democrático, que tiene que ver con distribuir el poder y la palabra con más equidad; con la pluralidad, la inclusión y el derecho a la información y expresión. Supone un avance que el país necesita y creemos fundamental para el desarrollo del Uruguay, fortaleciendo su democracia”, concluyó.

 

La República, 23 de julio de 2013

 

 

 

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