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Proyecto de Ley de Medios: discrecionalidad total

A pesar de las reiteradas declaraciones de rechazo del Presidente Mujica, su gobierno terminó enviando al Parlamento un proyecto de ley de más de 180 artículos, buscando regular esta delicada temática.

Como en tantas otras cosas, la conducta del presidente vuelve a regirse por la ya histórica máxima: “como te digo una cosa, te digo la otra”. Había comenzado su gestión gubernamental diciendo que “no hay mejor ley sobre los medios que la que no existe” y poco tiempo después había afirmado categóricamente: “si me hacen llegar una ley sobre los medios de comunicación, la tiro a la papelera”.

Paradójicamente, se convierte en el presidente cuyo gobierno pretende aprobar la ley más intervencionista y estatista que en nuestro país haya existido sobre esta temática.

Por otra parte, el proyecto se presenta al Parlamento sin ningún diálogo previo con el resto del sistema político. Se argumenta que fue consultada la sociedad civil y se hace énfasis en que la amplitud de las consultas fue muy grande; justamente este mismo hecho aumenta el contraste con la ausencia completa de diálogo previo con los demás partidos políticos.

¿Se pretende aprobar una norma tan relevante y sensible para el funcionamiento democrático con la imposición de una mayoría parlamentaria de apenas un voto? Si no fuera así, ¿por qué aparece esta norma repentinamente y se “tira al ruedo” a un año apenas de las próximas elecciones nacionales?

Es imprescindible considerar la relevancia particular que tiene el tema de la regulación de los medios de comunicación en cualquier evaluación de la calidad y profundidad de la democracia de un país. De hecho, todos los estudios internacionales que evalúan los niveles de democratización existentes, incluyen como una de las dimensiones principales, la situación de los medios de comunicación porque afectan directamente el ejercicio de las libertades públicas y de la expresión del pluralismo.

Pues bien, el proyecto presentado contiene disposiciones que pueden afectar muy gravemente el clima de libertades y las garantías del pluralismo. Existe una sorprendente dicotomía entre la proclamación programática de libertades y derechos, que está en línea con las normativas internacionales más modernas y garantistas, y las disposiciones concretas que otorgan al Consejo de Comunicación Audiovisual potestades muy amplias en materia de control, regulación y sanción sobre los contenidos de los medios de comunicación.

En efecto, el Consejo de Comunicación Audiovisual previsto en el proyecto de ley presentado al Parlamento está integrado por cinco miembros, todos elegidos por el Poder Ejecutivo, tres de ellos designados por Presidencia con venia del Senado y otros dos designados por dos Ministerios. Este órgano, que depende directamente del Poder Ejecutivo, se radica en Presidencia de la República por lo que queda fuera del control parlamentario.

La propuesta gubernamental otorga al Consejo de Comunicación Audiovisual potestades amplísimas en materia de control sobre los contenidos de los medios dejando a su arbitrio, la consideración sobre “sesgos”, “discriminación” o “tendenciosidad” en los contenidos, los que serán apreciados por este Consejo con total discrecionalidad. Por otra parte, la norma otorga a este Consejo la potestad de aplicar sanciones también discrecionales, en la medida que no están fijados los rangos correspondientes al tipo de sanción, pero estas pueden alcanzar montos de más de un millón de dólares.

No nos parece mal que se incluyan normas para establecer plazos de las concesiones y sistemas de renovación periódicas de las mismas, tampoco nos oponemos a normas que promuevan la producción nacional de contenidos. Por el contrario, nos parece importante que existan estas iniciativas; pero las mencionadas referencias conviven con un marco normativo que permite al gobierno de turno una enorme discrecionalidad para marcar límites y, eventualmente, presionar a los medios.

Capítulo aparte merece la normativa propuesta con respecto a la publicidad electoral cuyos criterios de distribución son definidamente antidemocráticos, al vincular totalmente los tiempos otorgados para publicidad partidaria gratuita a los resultados de las elecciones anteriores. Se trata de una normativa que favorece, sin disimulo, al actual partido de gobierno, apostando a congelar o potenciar su mayoría electoral hacia el futuro.

Finalmente, la norma deja fuera expresamente todo lo referido a las comunicaciones a través de Internet. Esta decisión supone olvidar que la tendencia tecnológica mundial va hacia la convergencia de las telecomunicaciones a través de la red; dejar fuera en una normativa sobre los medios a este campo cada vez más relevante y creciente no es entendible; salvo que se busque otorgar ventajas monopólicas a la empresa estatal de telecomunicaciones, lo que choca directamente con el desarrollo democrático y la preservación de la neutralidad de Internet, que es la única garantía de la democracia en el futuro cercano.

Por si quedara alguna duda, el texto del proyecto presentado no logra evitar su similitud con leyes que acaban de ser aprobadas en otros países de la región y que han merecido los cuestionamientos más profundos desde la perspectiva de las garantías de la democracia y el pluralismo.

En síntesis, se trata de una norma que, si se llegara a aprobar, habrá representado un paso inédito en nuestra historia, que afectará las bases más esenciales de nuestra democracia y las libertades públicas.

Es sorprendente que en el año en que se celebran los doscientos años de las Instrucciones del Año XIII, se proponga aprobar una norma que va en sentido contrario a aquella máxima artiguista que garantizaba el ejercicio de la libertad de pensamiento “en toda su extensión imaginable”. ¡Qué lejos se encuentra la filosofía libertaria artiguista que este proyecto intervencionista y antidemocrático!

Tenemos la firme expectativa de que esta iniciativa no cuente con el apoyo de todo el partido de gobierno y que los reflejos pluralistas predominen sobre tendencias exclusivistas que, en algunos casos por falta de prevención y en otros casos como consecuencia de sus propias convicciones, son las que están presentes en la norma que está a estudio del Parlamento.

Sería mucho más apropiado que el Frente Amplio decidiera postergar para comienzos del próximo período de gobierno la consideración de una normativa sobre esta temática tan delicada para el efectivo goce democrático. Todavía creemos que es posible evitar que nuestra democracia sufra tan grave afectación.

Si así no fuera, no queden dudas de que esta norma tendrá en nosotros a los más enérgicos adversarios.

 

Montevideo Portal, 10 de julio de 2013, Pablo Mieres

 

 

 

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