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Presidencia: el interés de la Ley de medios “es garantista”

Pocas iniciativas del Gobierno han generado tanta controversia como el proyecto de Ley destinado a regular los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Lo rechazan todos los partidos de oposición y también las gremiales que agrupan a los canales de televisión, las empresas de radio y las agencias de publicidad.

Se trata de un proyecto largo y complejo, de 183 artículos. Pero la polémica se ha centrado, sobre todo, en torno a dos de sus temas: el alcance que tendrá la regulación de contenidos y la forma en que se adjudicarán de aquí en adelante las licencias para operar en radio y televisión.

Gustavo Gómez, asesor de la secretaría de la presidencia de la República en temas de telecomunicaciones ofreció en el programa En Perspectiva el punto de vista del propio Poder Ejecutivo.

La gremial que agrupa a las radios y los canales de televisión dice que servirá para que el gobierno haga un control “policial” y “autoritario” sobre los medios.

Blancos, colorados e independientes lo tildan de Ley “mordaza”, aseguran que es inconstitucional y prometen derogarla si ganan las próximas elecciones.

Gómez afirmó que “es necesario que se apruebe en este período una Ley de SCA “porque la legislación que tenemos actualmente es muy vieja”.

“Es una Ley de la dictadura, de 1977. No logra una legislación de 36 años asumir los desafíos que implica, por ejemplo, la convergencia tecnológica. Es una Ley vieja”.

Además, “tenemos un marco legal muy disperso. Muy pocas Leyes y muchos decretos. Mucha decisión del Poder Ejecutivo que se suma y va emparchando, lo cual no da ninguna seguridad jurídica a ningún operador. Tener una Ley marco que reúna todo eso disperso en una única norma general parecía lo más indicado para ordenar este marco normativo tan disperso”.

El asesor de Presidencia, señaló que está Ley se debe a “una decisión política, programática del Frente Amplio en el Gobierno, atendiendo incluso recomendaciones internacionales, de avanzar en la democratización de las comunicaciones y garantizar el ejercicio pleno de la liberta de expresión a través de los medios audiovisuales”.

Gómez aclaró que no es una Ley de medios que regula a la prensa, “solamente a la radio y la televisión en sus distintas formas”, acotó.

El proyecto deja afuera de la regulación a los medios y contenidos que se distribuyen por Internet, un canal de comunicación cada vez más utilizado por el público, incluso en nuestro país, donde la fibra óptica de Antel y el Plan Ceibal está determinando que buena parte de la población acceda a Internet.

Sobre este punto, Gómez explicó: “No es una omisión, es una decisión. Hay muy poca claridad en el mundo de cómo regular Internet para no afectar derechos fundamentales y se quiso ser conservador en ese sentido. No es que no merezca una atención, incluso para proteger derechos. No vamos a regular servicios de radio y televisión que se retransmiten a través de Internet”.

Gómez aclaró que si bien todavía el Gobierno no tiene claro hasta dónde se pueden regular las nuevas tecnologías, no significa que no pueda “seguir avanzando en las que sí podemos”.

Conforme al asesor presidencial, el texto de la Ley hace prevalecer de forma marcada las garantías por encima de la aplicación práctica que marca la propia Ley. “El interés de la Ley es garantista”, subrayó Gómez y reconoce “los derechos de todas las personas y en particular de los operadores de medios de radio y televisión: la libertad editorial, la libertad de programación, la libertad de expresión”.

“En toda la Ley, de 183 artículos, hay sólo cinco artículos que tiene algún tipo de sesgo en cuanto a restricciones a las libertades. Son sólo cinco artículos y muy precisos, como recomiendan los estandartes internacionales. Cuatro de ellos están en función de defender los derechos de los niños y uno referido a discriminación y racismo”.

 

El Espectador, 25 de julio de 2013

 

 

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