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Organizaciones que defienden “ley de medios” piden más regulación; empresas ven violentados sus derechos y reclaman indemnizaciones

El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, entró poco después de las ocho de la noche del martes 2 a la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República para participar de lo que se había presentado como un “debate sobre una “Ley de Medios” en el Uruguay”.

“¡Esto no va a ser debate!”, exclamó riendo el director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación estatal, Gabriel Kaplún, cuando recibió al jerarca.

Ortuño, Kaplún y el periodista y militante comunista Gabriel Mazzarovich “debatieron” esa noche los contenidos del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que los tres defendieron.

En los últimos días, en esa instancia y en otras en distintos ámbitos, varios actores propusieron cambios al proyecto de ley del gobierno. Algunos que están a favor del proyecto, como la Coalición por una Comunicación Democrática, reclamaron que se afinen detalles del diseño institucional y que haya una mayor regulación de los contenidos. Quienes se oponen, como la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), sostienen que la norma afectaría derechos “fundamentales” y exigen que se indemnice a las empresas por los perjuicios a los que, a su juicio, se las expone.

Un sistema “impresentable”. Durante su exposición el martes de noche, Ortuño presentó un PowerPoint que enumera los principales lineamientos del proyecto y destacó que la nueva normativa que se propone pretende sustituir a una de la dictadura.

“Durante mucho tiempo vivimos una conceptualización de la comunicación (…) con una visión muy empresarial”, sostuvo. Opinó que no se garantizaban derechos de los ciudadanos ni se aseguraba la transparencia en la adjudicación de frecuencias.

Kaplún, que fue presidente del Comité Técnico Consultivo que estableció las bases para el proyecto, dijo que el proyecto “recoge todas las recomendaciones de los organismos internacionales que trabajan en estos temas” y sostuvo que son “falsas” las afirmaciones que dicen que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión y que cuestionan que alguien decida lo que puede emitirse y lo que no.

Sin embargo, el académico criticó que la regulación de Internet haya quedado fuera de la ley, lo que se hizo en parte para habilitar a Antel a dar servicios de IPTV (televisión por Internet).

Además propuso que se haga referencia a los grupos económicos y a los testaferros que pueden adquirir un medio en nombre de otra persona, y que no se concedan excepciones a las empresas que ya sean adjudicatarias de medios.

Otra cuestión a la que puso reparos es que no se prohíba la posibilidad de que el titular de un canal abierto también posea una empresa de televisión para abonados, como ocurre en la actualidad.

Kaplún dijo que para que las radios comunitarias puedan ocupar un tercio del espectro radiofónico, otras radios deben salir. “Algunos que tienen mucho van a tener que desinvertir”, opinó.

El docente también reclamó que el Consejo de Comunicación Audiovisual, que se creará para hacer cumplir la ley, sea “totalmente independiente” del Poder Ejecutivo, lo que no ocurre con el proyecto como fue redactado, que “no está en línea con las regulaciones internacionales en la materia”.

“Yo soy amigo de Edgardo, y él hoy está en el Poder Ejecutivo. Pero mañana no sé quién va a estar en el Poder Ejecutivo”, ilustró.

También propuso que se incentive la “educación para la comunicación”.

“El señor (Rafael) Inchausti (presidente de Andebu) llegó a decir: “Nosotros a la gente le damos eso porque es lo que la gente quiere”. Lo cual es cierto. Eduquemos a la gente para que quiera otra cosa”, sostuvo Kaplún.

A su turno, Mazzarovich pronunció un discurso mucho más combativo. “No hay ninguna posibilidad de hacer transformaciones de fondo (…) si no se aprueba esta ley. (…) La izquierda, si no se mete con los medios, habrá pasado por el poder sin rozarlo”, afirmó.

“Esto no es un debate cultural, eso es mentira. (…) Esto es un debate ideológico con la derecha por el poder. No es un debate para ver qué cultura maravillosa vamos a tener. No, no. Nos vamos a dar de guampas contra el sector más duro del poder en Uruguay. (…) No hay manera de hacer una distribución de la riqueza en la sociedad sin romperle el espinazo a estos miserables que tienen un centro de acumulación de riqueza y de reproducción ideológica de la acumulación de riqueza a través de un sistema de medios de comunicación. (…) Acá con esta barra estamos discutiendo por la billetera y estos señores han demostrado qué cosas son capaces de hacer cuando sienten en peligro su billetera”, sostuvo.

Mazzarovich opinó que el sistema de medios uruguayo “es impresentable en todo el mundo” porque es “aristocrático” y “feudal”. En ese contexto opinó que el proyecto del gobierno es “una victoria política”.

Afirmó que “el que se crea que esto va a ser sin lucha vive en Disneylandia”, y advirtió que “esto tiene que terminar con una batalla ideológica en la sociedad”.

Luego de una ronda de preguntas, Ortuño sostuvo que no está de acuerdo con que el órgano fiscalizador que se crea tenga que tener más independencia, porque tiene que dar “respuesta a una política pública”. Además aclaró que se optó por no regular Internet porque es un tema que está “en pleno debate” y “falta madurar” la discusión.

El subsecretario opinó que el tema de la libertad de expresión es uno de los temas donde más hay “que discutir”.

La Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por varias organizaciones sociales, visitó ayer miércoles a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y planteó recomendaciones para modificar el proyecto.

El documento que presentó la Coalición sugiere, igual que Kaplún -que también la integra-, incluir la regulación a Internet, asegurar la independencia del organismo fiscalizador y prohibir la propiedad de canales abiertos y empresas de televisión para abonados al mismo tiempo, además de la imposición de contenidos “a otros licenciatarios”.

También propone incluir la obligación estatal de impedir monopolios públicos, además de los privados; pretende que se incluya una definición de “grupo económico” para “combatir en forma eficaz la acaparación y control de frecuencias”, y que se incorpore la revocación de frecuencias si se constata la presencia de testaferros.

Respecto de los contenidos, la Coalición quiere que se obligue a los medios a “abstenerse” de “difundir mensajes” que “inciten al odio o a la intolerancia”, y publicidades que presenten una imagen “vejatoria” de la mujer.

La publicidad, dice ese grupo, debería descender de 15 minutos por hora a 12. Además, el 80% debería ser de producción nacional.

La propuesta también incluye establecer más “precisiones” sobre el tipo de contenidos nacionales que los canales deben transmitir.

“Suprime cualquier libertad”. “El único antecedente sobre regulación de contenidos que se ha podido identificar en nuestro país ocurrió durante la última dictadura militar, entre los años 1973 y 1985”, dice el informe sobre el proyecto de ley que redactó el abogado Andrés Lerena para la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu). Sostiene que los militares “decidieron establecer la obligatoriedad de difundir música nacional”, lo mismo que propone el proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento.

Esa es una de las críticas que el jurista hace al proyecto, que según él “cercena” derechos “fundamentales” de los medios, como la libertad de expresión, la libertad de trabajo y la propiedad.

Andebu considera que es un “contrasentido” que se excluya de la regulación a Internet, la “plataforma de provisión de contenidos audiovisuales que más crecimiento y desarrollo ha tenido en los últimos diez años”.

El proyecto de ley, dice el informe, “regula en forma minuciosa y detallada cada derecho, deber y obligación de cada medio”.

Rechaza “la calificación de la radio y televisión privadas como servicios de naturaleza “cultural”” porque da al Estado un “amplio margen de discrecionalidad”

Las pautas sobre protección al menor incluidas en el proyecto dejan librada “a la apreciación subjetiva del censor de turno la resolución acerca de si la conducta exhibida a través de un programa violenta la norma”. Las normas “de contenido ambiguo” forman “un ámbito bastante propicio para la autocensura”.

Sobre los derechos de los discapacitados, que se contemplan en el proyecto, el asesor de Andebu dice que el Estado debería adoptar “mecanismos” que faciliten el acceso de esas personas a los contenidos y asumir “el costo de su implementación”. Además sostiene que las modificaciones de contenidos necesarias para que accedan discapacitados deben ser autorizadas por los creadores y los titulares de los derechos de las obras, lo que lo hace impracticable.

El informe también cuestiona que se prohíban los monopolios privados pero se cree “un monopolio a favor del Sistema Nacional de Radio y Televisión Pública” y uno “a favor de Antel”.

La restricción a familiares de titulares de medios para poder acceder a uno, dice el texto, “es una clara restricción a la libertad de empresa”.

Respecto de los contenidos, “la norma establece qué tipo de programación deben transmitir los medios de radiodifusión de televisión” y otros detalles similares, “lo que se traduce en una grosera y flagrante violación del derecho a la libertad de expresión”.

Al obligar a los medios a prestar 15 minutos de publicidad diarios a mensajes de interés general, el Estado dispone de equipos que son “propiedad privada”, opinó el jurista, que considera que se debería pagar una compensación por ello.

A su vez, la publicidad electoral gratuita intenta poner los medios “al servicio de comunidades políticas determinadas”, agrega.

El informe sostiene que la limitación de la cantidad de publicidad que se puede emitir, 15 minutos por hora, es una “ilegítima” modificación de las condiciones de las autorizaciones ya otorgadas que causa un “perjuicio” a los empresarios, que deberían ser “indemnizados”.

Además, el hecho de que el Consejo de Comunicación Audiovisual deba aprobar el plan comunicacional de cada interesado en tener un medio “suprime cualquier libertad de que pudiera gozar el titular del servicio en la determinación de su propuesta comunicacional”.

 

Búsqueda, 04 de julio de 2013

 

 

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