/ El País / Menos acceso a la información pública

Menos acceso a la información pública

En ese cambalache de artículos de distinto origen y finalidad que es la Rendición de Cuentas el gobierno no pudo con su genio y propuso un par de artículos para restringir las normas que aseguran el conocimiento y la difusión de datos sobre las actividades del Estado. Más allá de los efectos concretos de los cambios proyectados importa señalar que la orientación del Poder Ejecutivo es la de cerrar en vez de abrir el paso a quienes buscan información sobre la labor de los funcionarios públicos.

De ese modo se procura reformar la ley 13.381 de octubre de 2008 que consagró el “derecho de acceso a la información pública” y que fue presentada por el entonces presidente Vázquez como “un gran avance democrático”, “un seguro de transparencia” y “la solución al tradicional secretismo del Estado uruguayo”. Los artículos 37 y 38 de esta Rendición de Cuentas reducen ahora esa transparencia al levantar otras barreras ante los interesados en saber sobre lo que se hace y se produce en los ámbitos públicos.

Una de ellas es la excepción que se crea para obtener datos sobre asuntos que están en proceso deliberativo “hasta que sea adoptada la decisión respectiva”. Se trata de una limitación relevante pues mella el derecho de los ciudadanos a enterarse del contenido de decisiones que se están gestando lo cual reduce sus prerrogativas para difundirlas, criticarlas y oponerse a las mismas en el momento oportuno que es, precisamente, el de su elaboración. Así tendrán que esperar a que exista una resolución tomada para conocer sus fundamentos y eventualmente discutir su pertinencia.

La segunda restricción promovida en esta Rendición de Cuentas establece que ante un pedido de acceso formulado por un interesado las dependencias estatales pueden clausurar el acceso a una información que previamente no hubiera sido clasificada de carácter reservado. Es decir que amplían las prerrogativas del funcionario para correr los velos sobre un tema en el momento preciso en que se le piden detalles al respecto.

Aunque ninguna de estas barreras hiere de muerte a la ley de acceso a la información pública hay que decir que confirman una tendencia al “secretismo” que se ha ido agudizando en el transcurso de este período de gobierno. Baste con citar el escandaloso caso Pluna en donde los documentos sobre su gestión financiera fueron declarados “confidenciales” por la Auditoría Interna de la Nación. Lo mismo pasa, por ejemplo con la situación de Ancap que ha engendrado decenas de sociedades bajo el régimen de derecho privado de las que se tienen escasas noticias. Otro caso es el de Antel que mantiene su cerrada negativa a revelar la distribución de fondos de su abultada cuenta publicitaria pese a los pedidos de información que se le hacen.

Además, las excepciones propuestas llegan tras un lapso de aplicación de la ley en el cual muchos organismos, incluidos ministerios y empresas estatales, suelen incumplir lo que se conoce como “transparencia activa”, o sea la divulgación voluntaria de todos los detalles sobre el presupuesto que tienen asignado, su ejecución, los resultados de las auditorías y los balances anuales. Para peor no solo omiten publicar ese historial sino que remolonean a la hora de contestar los pedidos de información formulados por legisladores, periodistas o ciudadanos en general.

En ese clima de retaceo de información aparecen estos dos artículos incluidos en un proyecto de Rendición de Cuentas en donde nada tienen que hacer, como se hizo notar desde Cainfo, una organización no gubernamental que impulsa la transparencia en las actividades públicas y que no ve con buenos ojos los nuevos recortes al derecho a la información. Se objeta también que el Poder Ejecutivo haya presentado las normas sin escuchar la opinión del Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, tal como prevé la ley.

En suma, parece difícil que en esta instancia los legisladores zafen de la polémica en torno al presupuesto para librar el debate que merecerían los cambios de la ley de Acceso a la Información Pública y para realizar una evaluación adecuada de su aplicación. Al contrario, lo más probable es que se aprueben al barrer, sin mayores discusiones, en medio del berenjenal de normas de todo tipo incluidas en la Rendición de Cuentas, todo lo cual servirá para alimentar la tendencia al secretismo del Estado.

Los cambios propuestos a la ley de acceso a la información pública afectan la transparencia del Estado y fortalecen la tendencia al secretismo en los asuntos públicos.

 

El País, 23 de julio de 2013 – Editorial

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.