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La alarma del tero

Ley de servicios audiovisuales: gritar para eludir temas centrales

La discusión por la ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca) se polarizó. Todos los intentos previos por tener una discusión mesurada fueron en vano. Los medios más concentrados y la oposición decidieron recurrir a la estrategia del miedo, aunque el texto y las miradas internacionales no avalen esas expresiones alarmistas. Los temas de fondo se eluden, pero están allí para otros actores: reglas transparentes, derechos de las audiencias, límites a la concentración, producción nacional, publicidad electoral, medios públicos y diversidad, y pluralismo.

El mismo sistema de medios más concentrado que reclama libertad y pluralismo ha hecho uso y abuso de la posición dominante que ostenta, justamente en este tema. En las últimas semanas los informativos centrales de los canales privados y algunos programas periodísticos, como Código país, sólo presentan la posición empresarial sobre el proyecto de ley a estudio del Parlamento, pero ignoran la visión que tienen de la regulación en debate otros actores, como buena parte del sistema político, la academia, la sociedad civil e incluso actores internacionales.

La línea la marcó Andebu el miércoles 17 de julio durante su comparecencia en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, que tiene a cargo el estudio de esta reforma. El presidente de la gremial, Rafael Inchausti, explicó que “no existe realmente una necesidad o un interés especial de nuestra población en promover cambios sustanciales en el marco regulatorio”, y aclaró que, a su juicio, “todos los gobiernos democráticos de los últimos 25 años, especialmente el actual, han respetado la libertad de expresión”.

No se puede menospreciar esta línea de razonamiento. Si bien el intento de quedar bien con todos los partidos es endeble (basta ir a los archivos para ver que no todos los gobiernos democráticos actuaron igual frente a los medios), coloca el esfuerzo por equilibrar múltiples aspectos del sistema de medios únicamente en el plano de las libertades, cuando la ley persigue –además de garantizar la libertad de expresión– otros objetivos en los que sí existe “realmente necesidad” de cambiar. Claro, para quienes se benefician de un mercado regulado a medida desde hace 60 años, seguramente es algo difícil de apreciar.

Inchausti agregó en el Parlamento que el proyecto “crea un marco regulatorio que es intromisivo, dirigista, y que incluso tiene sesgo autoritario, ya que establece múltiples organismos de control en todos los aspectos y funciones de los medios”.

La oposición también eligió la lsca para polarizar, en lugar de incidir proactivamente en una política de comunicación para la democracia, ya que lo que se discute en el Parlamento viene a sustituir a las normas sobre radiodifusión aprobadas durante la dictadura militar.

Sin referencia alguna al texto del proyecto, Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, dijo que estamos ante “una ley mordaza”, y Pedro Bordaberry twiteó que para regular a los medios basta con el artículo 29 de la Constitución, una versión de la comunicación democrática que ni siquiera puso en práctica Ronald Reagan en la era fundacional del neoliberalismo.

El diputado Álvaro Delgado (Partido Nacional) se sumó a los argumentos de Andebu: “Este proyecto de ley, que empieza con una cantidad de buenas intenciones y supuestamente con las garantías, después sigue con las limitaciones”. Y luego apeló en forma difusa a “la Convención Americana y la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)” que “habilitan, en algunos casos, la libertad de expresión, pero éstas tienen que estar definidas en forma precisa, clara y en situaciones excepcionales”.

Frente a esta andanada, diversas organizaciones no gubernamentales reaccionaron con distintas iniciativas, por ejemplo solicitando informes a las organizaciones internacionales más respetadas en materia de libertad de expresión, como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 (véase recuadro), además de concurrir al Parlamento a defender la estructura general del proyecto, aunque también a advertir sobre sus debilidades, como la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual dominado por el Ejecutivo, y la falta de normas para combatir la concentración mediática.

El gobierno y el Frente Amplio (fa), en cambio, se movieron con una mayor lentitud y recién esta semana hubo una respuesta política firme y terminante a las acusaciones de la oposición.

El martes 23 la presidenta del fa, Mónica Xavier, publicó una columna de opinión en la que afirma que constituye un acto de “hipocresía de mala calidad” afirmar que este proyecto es una “ley mordaza” para controlar a los medios, y recordó a los partidos tradicionales su dudoso historial en cuanto al manejo del espectro y los medios.

“Sabido es que tanto la dictadura cívico-militar como los gobiernos del Partido Colorado y el Partido Nacional entregaron emisoras y canales para premiar a amigos y correligionarios”, disparó Xavier. “Esto no implica desconocer que algunos radiodifusores consiguieron sus permisos de buena fe, pero basta ver los nombres de las personas beneficiadas para darse cuenta de que la gran mayoría tuvo un destino clientelístico”, remató.

Luego aportó algunos datos relevantes para el debate en cuanto a la necesidad de una regulación: entre 1984 y 1985 se entregaron nada menos que 39 radios, varias de ellas a miembros del Consejo de Estado y ex intendentes del régimen militar. El Partido Nacional entregó 65 autorizaciones en su gobierno: 60 de ellas el último año de gobierno. “La mayoría fueron otorgadas a empresarios amigos, así como a dirigentes o simpatizantes blancos”, escribió. En 1993 el pn otorgó tres licencias para tevé cable en Montevideo, a los mismos dueños de los canales de tevé abierta, aunque había ocho propuestas que cumplían con los requisitos que podían ampliar la competencia. El Partido Colorado entregó 70 radios (entre marzo de 1995 y febrero de 2000); 36 de ellas un mes o días antes de dejar el gobierno.

“Estas prácticas discrecionales y discriminatorias en la adjudicación de frecuencias han sido, hasta hace unos años, casi habituales en nuestro país. Los abusos en la administración de las concesiones de radiodifusión tienen como consecuencia el silenciamiento de voces disidentes y diversas, en desmedro de la pluralidad de informaciones y opiniones necesarias para la existencia de una sociedad libre y democrática”, apuntó la presidenta del fa.

Esta semana Asamblea Uruguay también convocó a un debate sobre la lsca, con un muy buen marco de público. Allí confrontaron visiones el presidente de Andebu y la ex presidenta de audap Patricia Lussich, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y Gustavo Gómez, asesor en políticas de comunicación de la Presidencia.

Inchausti reiteró los argumentos vertidos en el Parlamento, mientras que Lussich defendió la tesis de que la publicidad para niños no necesita una regulación legal en Uruguay, porque ya existe un código de ética publicitaria aprobado por audap. “Ojalá tuviéramos en Uruguay guarismos similares a los de Dinamarca y Suecia, estamos muy alejados de Dinamarca y Suecia. Estamos importando el problema e importando la solución”, alegó la directiva en alusión a que este tipo de regulaciones para proteger los derechos de la niñez abrevan en las normativas de estos países del norte de Europa.

Desde el gobierno, Kreimerman inscribió la ley de servicios de comunicación en una serie de reformas que necesita el país para mejorar su inserción en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Gómez, en cambio, subrayó las garantías que contiene la ley para el ejercicio de la libertad de expresión, para los medios, pero también para las personas.

“Países como España, Chile, Argentina y Estados Unidos tienen el mismo horario de protección y similar regulación para impedir la emisión de ciertos contenidos nocivos para la infancia”, explicó. “¿Los artículos sobre regulación de contenidos de este proyecto se le ocurrieron a un burócrata o a un censor? Tampoco. Surgen de las recomendaciones presentadas al gobierno el año pasado por un Comité Técnico Consultivo (ctc) integrado por representantes de Andebu y de apu, los gremios de agencias de publicidad (audap y cuam), las universidades y diversas organizaciones de la sociedad civil”, recordó, aludiendo a la desmemoria de los actores que hoy se alarman con definiciones que en la mesa de diálogo manifestaron acompañar.

En esta discusión, los medios tampoco están reflejando la visión de los colectivos históricamente discriminados por los medios más concentrados.

Sobre el cierre de esta edición, la Comisión de Industria del Parlamento recibía a Cotidiano Mujer, Vos y Voz y Ovejas Negras. Esta es una discusión también de libertad de expresión, para confrontar con la visión de una libertad de prensa boba, que no reconoce ningún límite o posibilidad de diálogo.

Esta mirada se mantiene aún, cuando en muchos medios se representa un estereotipo degradante de mujer, se violentan una y otra vez los derechos de niños y niñas en situación vulnerable, o se ignora en las pantallas a las diversas orientaciones sexuales que conviven en la sociedad real.

Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a Brecha que ya se solicitó un informe técnico al relator especial para la Libertad de Expresión, de las Naciones Unidas, de tal forma de disipar cualquier duda frente a una eventual vulneración del derecho internacional de los derechos humanos.

LOS NIDITOS. Martín Fierro fue de los primeros en popularizar la astucia del tero, esa ave característica del sur del continente: “los teros/ para esconder sus niditos/ en un lao pegan los gritos/ y en otro ponen los huevos”.

Esa misma estrategia están desarrollando los grupos empresariales mediáticos. Ni la prohibición de censura indirecta, ni las garantías de independencia editorial, ni la apuesta a la autorregulación ética les parecen suficientes. Teatralizan sobre la violación a la libertad de expresión que supone el proyecto para eludir hablar de los temas centrales: el acaparamiento de frecuencias en manos del mismo grupo o familia, la obligación de pagar un canon por primera vez en la historia, las cuotas de pantalla para la producción nacional, o el uso de testaferros, entre otros.

Ningún dirigente de Andebu habló sobre tales temas en el Parlamento. Para referirse a estos aspectos del proyecto, la gremial convocó al chileno Luis Pardo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (air).

Con un toque de desparpajo, Pardo miró a los legisladores y, sin referir a dato alguno de la realidad uruguaya, sentenció: “Si uno mira la realidad de Uruguay y de su industria de medios, se pregunta de qué concentración estamos hablando. Qué mayor nivel de diversificación de la propiedad se le puede pedir a un mercado de tres millones trescientos mil habitantes”.

“En un país con tres millones trescientos mil habitantes prohibir que los hermanos, hijos o parientes tengan relaciones laborales podría ser una medida que signifique que mucha gente vea frustrada la posibilidad de desempeñar una actividad que, muchas veces, es un emprendimiento familiar en el mundo de los medios”, esgrimió en defensa de los conglomerados en manos de distintos integrantes de una misma familia.
Sobre este punto, un documento de la Coalición por una Comunicación Democrática (ccd), presentado en la misma comisión parlamentaria, observa como característica del sistema de medios en Uruguay la existencia de grupos o conjuntos económicos no declarados como tales, pero que mantienen el control de varias frecuencias por distintas vías.

“En todas las regiones del país hay grupos mediáticos conformados a través del reparto de la titularidad de frecuencias en distintas personas físicas de una misma familia, socios comerciales o testaferros.” Por ello, a los efectos de aplicar las normas anticoncentración para determinar la titularidad, propiedad y/o control total o parcial, la ccd pidió al Parlamento incluir una “definición precisa de grupo económico”.

Inchausti, en cambio, se concentró en las obligaciones de aumentar la cantidad de producción nacional televisiva. “Este proyecto de ley tiene ambiciosas pretensiones: que los medios produzcan contenidos nacionales, que contraten a productoras independientes para alimentar gran parte de sus emisiones y que produzcan contenidos de ficción –que, sin duda, son los más caros– de calidad internacional. Entonces, vemos con preocupación no solamente que las condiciones económicas que establece la iniciativa atentan contra la sustentabilidad de los medios de comunicación, sino que ni siquiera les permite a los actuales operadores mantener su forma de funcionamiento”, se quejó.

Sobre este tema, un actor relevante es la Asociación de Productores y Realizadores de Cine de Uruguay (Asoprod), que presentó un documento, durante su comparecencia en el Parlamento, en el que no sólo apoya la creación de un fondo para la producción audiovisual televisiva sino que propone mejorar su funcionamiento.

Asoprod recuerda que las mismas críticas que se hacen hoy al fondo televisivo se hicieron en su momento al Fondo Nacional Audiovisual (Fona), pero ya nadie discute su carácter fundamental para el actual desarrollo de la industria del cine nacional. “Con base en esta experiencia
–explican–, creemos que el planteo hecho en la presente ley de crear un fondo de promoción es vital, pero para que realmente sea efectivo y transformador, la apuesta debe ser mayor a lo que se propone.” “Este fondo no debe ser visto como un impuesto por los canales, sino (como) una inversión que les permita competir por esos recursos, desarrollando productos de calidad mediante la coparticipación con productores independientes. Nuestro planteo replica en buena medida el Fondo Nacional de Televisión que existe en Chile –continúan–. El objetivo no debe ser simplemente cobrarles a los canales (sean abiertos o de abonados) sino lograr que se generen nuevos modelos de negocios, distintos a la dependencia de la pauta publicitaria, en la que muchas veces obtiene mayor rentabilidad quien programa contenidos de baja calidad”, se argumenta en el documento.

DEBILIDADES. Finalmente, el proyecto de ley incluye algunos aspectos criticables, tal y como llega del Poder Ejecutivo. En estos temas hay unanimidad en las empresas, los productores, la sociedad civil y legisladores de todos los partidos. Parece un contrasentido que la ley excluya de la regulación a la televisión vía Internet, cuando los medios audiovisuales son incipientemente transmedia y llegan a través de las distintas plataformas de comunicación.

En este tema los legisladores tienen la tarea de buscar una solución para que la programación televisiva por Internet cumpla con las mismas exigencias que tienen los restantes operadores, preservando los derechos de Antel sobre su red de fibra óptica.

A través de este proyecto se crean varios organismos, y quizás el más importante sea el Consejo de Comunicación Audiovisual, un órgano que no tendrá control parlamentario porque dependerá de la Presidencia de la República, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo, y sólo algunos de ellos necesitarán venia parlamentaria.

En este sentido, todos los actores, en especial la Coalición por una Comunicación Democrática, han propuesto un diseño similar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, compuesta por miembros que son electos a través de un procedimiento público directamente por la Asamblea General y que orgánicamente no depende del Poder Ejecutivo. 

Para no confundirse

Las principales organizaciones mundiales de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19 (con sede en Londres) y Reporteros Sin Fronteras (con sede en París), se pronunciaron en forma favorable al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca) a estudio del Parlamento. En general no ven amenazas para la libertad de expresión, aunque han sugerido cambios en el órgano regulador y consideran necesario precisar alguna definición.

Así, han criticado prácticas y regulaciones de gobiernos de todas las tendencias, como la ley de comunicación aprobada por el parlamento de Ecuador o la persecución de las fuentes informativas sobre asuntos de seguridad nacional por parte del gobierno de Estados Unidos.

Artículo19 realizó un exhaustivo análisis del proyecto y concluyó que “muchas iniciativas son positivas desde el punto de vista de la libertad de expresión”. Destacó que la propuesta garantiza expresamente la libertad de expresión sin censura previa ni indirecta, promueve el pluralismo y la diversidad, la educación y los derechos humanos, estimula la producción nacional, garantiza la protección de los derechos de los niños contra contenidos nocivos, promueve el acceso de personas con discapacidad a los medios y establece mecanismos de autorregulación para los radiodifusores.

No obstante, Artículo 19 sugirió mejoras en el trámite parlamentario. El informe enfatiza en la necesidad de dotar de independencia al Consejo de Comunicación Audiovisual: este tipo de organismos deben ser “independientes de intereses políticos y económicos” y el proceso de designación de sus miembros “es muy problemático”.

Reporteros sin Fronteras, en tanto, emitió otro comunicado hace diez días en el que expresó su apoyo a la ley y advirtió que la “presión de ciertos grupos de medios de comunicación” no debería afectar la votación de la norma.

“El proceso de desconcentración del espacio audiovisual que engendraría la futura ley se enfrenta lógicamente a la hostilidad de los grupos dominantes en el mercado”, señala el comunicado, en referencia a los canales 4, 10 y 12. Agrega que estos canales “boicotearon hasta el último minuto el proceso de concesión de espacios en la televisión digital”, refiriéndose a que los actuales operadores compraron a último momento los pliegos para presentarse al llamado, en espera de que el gobierno lo suspendiera. “Esta forma de chantaje no es admisible. No debe confundirse la defensa de los intereses económicos de una empresa de comunicación o de prensa con la lucha por la libertad de expresión y de información”, advirtió la organización.

 

Brecha, 26 de julio de 2013 – Edison Lanza

 

 

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