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El Estado tendrá más potestades para negar información pública

El Poder Ejecutivo incluyó en la Rendición de Cuentas modificaciones a la ley de Acceso a la Información Pública vigente desde 2008. Los cambios apuntan a darle más potestades al Estado para negarse a brindar información, alerta una ONG.

En la Rendición de Cuentas que el gobierno envió al Parlamento el pasado 30 de junio se incluyen tres modificaciones a la ley de Acceso a la Información Pública (18.381), aprobada en octubre de 2008.

Entre los cambios, propuestos en los artículos 37 y 38 de la Rendición de Cuentas, se crea una nueva excepción en la que el organismo estatal que reciba un pedido de información sobre un asunto podrá ampararse para denegar la solicitud.

La iniciativa da la potestad de no dar la información cuando los datos solicitados están sujetos a “procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación”. Esa nueva excepción no está prevista en la ley original de 2008.

Por otra parte, el proyecto plantea una nueva regulación en cuanto a la clasificación de información “reservada” por parte de los organismos del Estado. La iniciativa prevé que las dependencias estatales podrán darle esa calidad a información sobre la que ya hayan recibido un pedido de acceso.

“La información podrá clasificarse como reservada, tanto en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente”, dice el artículo 37 del proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento.

Asimismo, el proyecto introduce una modificación sobre las facultades de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano de control e implementación de la ley de Acceso a la Información Pública que depende de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

 

En el proyecto se le incorpora a la UAIP competencia para “desclasificar la información que hubiere sido clasificada” sin ajustarse a los parámetros que plantea la ley 18.381, vigente desde 2008 y que garantiza el derecho de cualquier ciudadano de reclamarle información a una dependencia estatal.

Excesos.

Los cambios en materia de acceso a información pública que el Poder Ejecutivo plantea en la Rendición de Cuentas son cuestionados desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una organización sin fines de lucro creada en 2009 y que promueve políticas de transparencia y de derecho de acceso a la información.

“Con esto se estaría limitando el ejercicio del derecho que prevé la ley de acceder a información pública, que si bien prevé ciertos límites, estos se deben fijar en base a un interés social y público”, dijo a El País el abogado Martín Prats, secretario de Cainfo. Agregó que con los cambios legales que promueve el Poder Ejecutivo se busca “restringir el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y ampliar la potestad de reserva para los organismos estatales”.

Prats dijo que las modificaciones que el gobierno pretende realizarle a la ley de Acceso a la Información Pública “son importantes” y por ese motivo, indicó, debió existir un ámbito de discusión específico entre los actores involucrados.

“Esto implicaría dejarle a los organismos estatales la puerta demasiado abierta para que nieguen información. Se correría el riesgo de que el Estado incurra en excesos y no cumpla la ley”, advirtió el experto.

Cainfo, en un comunicado que emitió ayer, señaló que los documentos que forman parte de procesos deliberativos pueden ser declarados reservados por el Estado “siempre que se cumplan una serie de supuestos, según instrumentos internacionales como la Ley Modelo Interamericana”.

Según Cainfo, esos requisitos no se cumplen en los cambios que plantea el Poder Ejecutivo, cuya redacción “es demasiado abierta y ambigua y requiere de precisiones”.

Un marco incorrecto

El abogado Martín Prats, secretario de Cainfo, sostuvo que la Rendición de Cuentas, al tener “una finalidad presupuestal”, no es el marco adecuado para discutir cambios en la ley de Acceso a la Información Pública. Por eso, Prats reclamó una discusión específica e independiente.

 

El País, 11 de julio de 2013 – Pablo Meléndrez

 

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