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Definición del proceso público de asignación de tevé digital

No es un concurso público más. El lunes 15 de julio a las 17 horas se abrirá una decena de propuestas para acceder a la autorización de operar en el sector comercial de la televisión digital abierta, incluyendo las de los tres canales históricos. Este proceso para incrementar la competencia y diversidad aprovechando la llegada de la televisión digital es el resultado de un complejo proceso político y social incubado en los últimos años.

Será un momento clave para los postulantes, pero aun más trascendente para el afianzamiento de la democracia frente a los poderes fácticos. Por primera vez la asignación de frecuencias para televisión se hará de forma pública y transparente, pese al componente de transacción con los tres grupos históricos que hasta el último minuto intentaron boicotear el proceso. En ese sentido hay que considerar la voluntad política del gobierno, las presiones de los grupos más concentrados de la comunicación, la actitud vigilante del Frente Amplio y el activismo de la sociedad civil.

La existencia de al menos siete propuestas comerciales, varias de ellas interesantes –además de los tres operadores actuales–, también desmitifica el axioma de que es imposible forjar una industria televisiva distinta a la actual, algo que esgrimen quienes manejan el sector desde hace 60 años.

Ahora viene el proceso de decisión y todas las miradas están puestas en el gobierno. En el marco de permanente negociación con los tres grupos históricos el Ejecutivo decidió en mayo reducir de seis a cinco los canales de televisión digital a asignar, tres reservados para los actuales permisarios. Hay siete propuestas para dos canales multiplex, aunque la tecnología digital permite que dos o más propuestas compartan un mismo canal.

Los rumores crecen a medida que se acerca el momento de la decisión. El proceso está mediado por la evaluación abierta y pública de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (chai), pero su dictamen no es vinculante. También habrá un informe de los aspectos técnicos a cargo de la Ursec y la opinión de la Dinatel. Con estos elementos el presidente José Mujica tendrá en sus manos la decisión final. La pregunta es cuánto pesarán al final del día los informes técnicos y cuánto las consideraciones políticas.

La chai, que tendrá un papel clave en la evaluación de los planes comunicacionales, está integrada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (apu), la gremial de los medios más importantes (Andebu), los Radiodifusores del Interior (Rami), la Sociedad de Actores (sua), el Serpaj y la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República (Liccom), un representante de las universidades privadas, además de un representante del mec y otro del miem.

BREVE HISTORIA. Un decreto aprobado en junio de 2012 dio el puntapié inicial al proceso de transición de la televisión analógica a la digital. Se previó allí la asignación de seis canales de televisión digital abierta en el sector comercial, lo que hacía prever un escenario de mayor competencia. En el espacio de espectro en el que se emite una sola señal de televisión analógica (seis megahercios), gracias a la tecnología de compresión digital es posible poner al aire entre un mínimo de dos señales en alta definición (hd) y un máximo de cuatro de calidad estándar (sd). Desde entonces el establishment mediático desplegó distintos mecanismos de presión: impugnó el decreto, amenazó con boicotear la política de migración a la televisión digital –desanimando así a la gente a invertir en nuevos receptores–, y promovió reuniones con distintos jerarcas del gobierno, entre otros recursos.

El decreto de junio de 2012 incluyó un estatuto especial para los canales 4, 10 y 12 con el objetivo de asegurarles la transición, pero por primera vez se les fijaron condiciones para acceder a una nueva frecuencia digital. Cada canal actual podría optar por emitir en calidad digital con una señal espejo a la actual analógica, pero dentro de un canal compartido por los tres. El decreto les aseguraba mantener una señal, lo mismo que tienen ahora en la tevé analógica. Pero para acceder a un canal múltiplex completo (seis megahercios) de uso exclusivo (que permite trabajar con entre dos y cuatro señales de televisión abierta y emitir a dispositivos móviles), tendrían que concursar con algún puntaje adicional y cumplir con las mismas condiciones que los restantes oferentes (licencias con un plazo de 15 años, prorrogables por diez años cada vez), presentar un detallado plan comunicacional y comparecer al proceso público bajo la supervisión de la chai.

Estas exigencias les parecieron demasiado a los tres grupos, que lograron diversas negociaciones informales con el gobierno, traducidas en decretos aprobados el 31 de diciembre de 2012.

El polémico decreto del 31-XII-12 exoneró expresamente a los canales históricos de concursar y desarrolló un mecanismo casi de registro para asignarle un canal multiplex completo a cada uno. Ya no tendrán que “demostrar poseer capacidad económica”, “acreditar solvencia moral”, “efectuar depósito en garantía”, ser evaluados por la chai ni “exponer su propuesta ante una audiencia pública”, el mecanismo que asegura la transparencia del procedimiento de asignación.

El decreto desató críticas desde la izquierda y la sociedad civil, pero tampoco conformó a los tres grandes, que siempre trataron de evitar la apertura a nuevos competidores. Así las cosas, el 23 de enero se suspendió todo el proceso por un decreto presidencial sorpresivo hasta para el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman.

La explicación formal fue que había interesados en presentarse al llamado que vencía a fines de febrero, pero no les daba el tiempo para cumplir con todos los requisitos. Que la suspensión fuera indeterminada llevó a especular con la posibilidad de que no se produjera la asignación de frecuencias hasta que se instalara el próximo gobierno, idea alentada por la prohibición de asignar frecuencias en el año electoral.

El gobierno de Mujica se vio ante la encrucijada de repetir las políticas de los partidos tradicionales, que en general favorecieron al oligopolio privado. La sociedad civil y personalidades del mundo artístico reaccionaron con la campaña “Cambia la televisión” a través de las redes sociales y contactos con distintos actores de la izquierda; la estructura del Frente Amplio hizo saber su descontento y también se pronunció en contra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, el 3 de mayo (Día Mundial de la Libertad de Expresión) el gobierno anunció la reapertura del llamado, que finalmente está en curso desde el 8 de ese mes.

LOS DESAFIANTES. En paralelo, un grupo de productoras, cooperativas y personas vinculadas a la comunicación han ido presentando sus proyectos técnicos y comunicacionales en el marco del llamado, sumando siete propuestas de perfil variado, además de los tres grupos tradicionales.

Tenfield y su conglomerado de medios audiovisuales parecen tenerlo todo para acceder a la nueva televisión. El grupo Casal pretende un canal de seis megahercios, que le permitiría distintas combinaciones: vtv le proporciona una señal de programación nacional con periodísticos, informativos, magazines y deportes, pero además el grupo tiene los derechos sobre fútbol, básquetbol, ciclismo, etcétera, el canal propio de Tenfield y el canal internacional Gol tv.

Una fuente del grupo confió que el interés en participar, más que por lo económico, tiene que ver con la influencia política que supone operar un canal abierto. Tenfield tiene un mercado cautivo de abonados, alimentado por todos los cableros que recaudan para la empresa a través del abono plus (fútbol uruguayo), algo más difícil de monetizar en la televisión digital, abierta y gratuita (véase recuadro)

Otro proyecto interesante surge del consorcio de la cooperativa La Diaria y la cooperativa de producción televisiva Demos. El proyecto busca conjugar la cobertura informativa con la producción nacional de entretenimiento y ficción en lo que hace a la señal hd. En la señal sd se propone un canal experimental involucrando a instituciones educativas públicas y privadas vinculadas a la comunicación, en una señal dirigida a las nuevas generaciones de comunicadores. Fuentes de ese grupo expresaron que debieron sortear infinidad de obstáculos burocráticos para presentarse.

El ex director de La República, Federico Fasano, confirmó a Brecha que sale a competir por una señal y se presenta “como persona física”. Contó que pretendió presentarse con una sociedad anónima nominativa nueva, pero le respondieron que de esa forma no computaba su experiencia previa en el rubro. “Es una crítica que le hago al proceso, pero de todos modos voy a poner todo mi patrimonio para este proyecto.

Llevo una larga lucha en favor de la diversidad y el pluralismo y este es un proyecto de televisión con contenido político y social”, subrayó. Agregó que está dispuesto a compartir un canal con otros proyectos, algo que es posible por la tecnología digital, porque no es serio “prometer el oro y el moro cuando todos sabemos lo que cuesta producir para televisión”.

La productora de contenidos audiovisuales Oz Media se presenta en consorcio junto a la editorial Bla. Pablo Arriola, uno de los directores de Oz, explicó a Brecha que proponen una señal hd generalista basada en información, entretenimiento y contenidos educativos inclusivos, en todos los casos de producción nacional. También presentan la propuesta de una segunda señal sd con fuerte participación social y formatos experimentales.

Se trata de una productora con diez años de experiencia en la producción de contenidos. Arriola agregó que trabajan “desde hace meses en el modelo de negocio de la hipotética señal, la línea artística y el plan de producción”. En cuanto a lo patrimonial, desmiente expresamente que el consorcio esté vinculado al magnate de medios mexicano Ángel González, como trascendió en distintos ámbitos. Subrayó que el proyecto es “independiente políticamente” y hay un aporte en equipos y capital que hacen ambas empresas consorciadas, además de un plan de negocios explícito.

González, conocido como el “Fantasma”, es dueño de canales y radios en casi todos los países de América Latina, casi siempre operados por testaferros. El miem archivó una denuncia en su contra de la sociedad civil por operar de ese modo las radios del ex grupo Sarandí y del ex Grupo del Plata (diez frecuencias en total). En 2012 se reunió con el ministro Kreimerman –según explicó éste–, interesado en participar del llamado para la televisión digital.

En las últimas semanas se sumó el empresario de medios Pablo Lecueder (Océano fm), con larga experiencia en el mundo de la radio y cuya familia es propietaria de varios de los mayores centros comerciales del país. Lecueder manifestó públicamente que su propuesta comunicacional es conocida y toma como punto de partida el diseño de la radio que dirige desde hace años. Varias fuentes indicaron que en privado se muestra escéptico respecto del proceso de asignación, porque finalmente –asegura– todos los gobiernos definen las asignaciones políticamente. Brecha buscó contactarlo, pero su secretaria informó que no hará más declaraciones hasta la apertura de las propuestas.

Finalmente se presenta un consorcio integrado por el accionista del diario El País Diego Beltrán junto a Gabriel Vicente Bomio Clavería (titular de un canal de cable en Pando), y la sociedad anónima Jolower, que hasta el momento es una incógnita.

LA SELECCIÓN. El proceso de selección de los proyectos ocupará la atención en el próximo mes. El director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, dijo a Brecha que el proceso tiene una etapa técnica y otra política, pero quienes terminan definiendo son el presidente de la República con el ministro Kreimerman.

El próximo lunes a las 15 horas cierra el plazo para presentar los proyectos, dos horas después se abrirán todas las propuestas en una reunión reservada en la que participarán todos los postulantes. A partir de ese momento corre un plazo de tres días hábiles para que la Ursec evalúe si cumplieron con todos los requisitos formales del pliego. Luego se harán públicos los siguientes elementos: el plan comunicacional, el proyecto técnico y la integración societaria de los oferentes.

Desde ese momento correrá un plazo de 20 días hábiles para que se reúna la chai, realice una audiencia pública para escuchar a todos los grupos que aspiran a una licencia (de la que están exonerados los tres grandes canales) y al público en general. Con base en los puntajes ya establecidos en el pliego y según el resultado de la audiencia, la chai hará un informe con las recomendaciones de asignación. El informe no es vinculante, pero será un dato relevante del proceso.

De Cola dijo a Brecha que “no hay una definición a priori sobre una ponderación de los criterios técnicos y políticos que serán la base de la decisión. En general el Poder Ejecutivo ha seguido las recomendaciones de las comisiones asesoras de radios comunitarias y comerciales para asignar frecuencias de radio, pero también tuvimos una discrepancia con la chai a la hora de establecer cómo ponderar los proyectos comunicacionales”. Adelantó que finalmente habrá un dictamen de la chai, otro de carácter técnico de la Ursec, y otro del Ministerio de Industria ponderando estos elementos y ofreciendo una posición institucional, todo lo cual pasará a consideración de la Presidencia de la República.

Todos los postulantes consultados por Brecha destacaron la transparencia del proceso de asignación. En general miran el papel de la chai como una garantía de objetividad.

Sin embargo, nadie arriesga a definir cómo actuará la Presidencia en este tema a la hora de la decisión. Cuánto pesarán los informes técnicos, el papel de la chai, y las consideraciones políticas, que en más de una oportunidad Mujica ha manejado en privado como un elemento importante con relación a la estructura de medios.

 

Brecha, 12 de julio de 2013 – Edison Lanza

 

 

 

 

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