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Ejecutivo propone reformas a Ley de Acceso a la Información Pública; organizaciones civiles critican la forma.

Dos artículos de la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, relacionados con la reforma de la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, generaron malestar en asociaciones civiles que vienen trabajando en el proceso de modificar dicha norma, no sólo por entender que algunas variantes son imprecisas y carecen de profundidad sino también por el hecho de que no fueron consultadas.

Las modificaciones son tres y están comprendidas en los artículos 37 y 38 del proyecto de Rendición de Cuentas. La primera establece una nueva limitación para negar el acceso a determinados datos. Actualmente, la ley sostiene que las razones por las cuales no se puede acceder a un documento son seis: que su contenido compromete la seguridad pública o la defensa nacional; que menoscabe la conducción de las negociaciones de las relaciones internacionales; que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; que ponga en riesgo la integridad física o la dignidad humana de cualquier persona; la pérdida de ventajas competitivas o el daño del proceso de producción del sujeto obligado y la desprotección de descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales. En esta propuesta de reforma se agrega una nueva limitación que alcanza aquella información que, de ser divulgada, pueda “afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva”, es decir, que esté relacionada con procesos que aún no han tenido una resolución.

La segunda modificación, también incluida en el artículo 37, propone una nueva forma de clasificación para la información, que “deberá realizarse por el sujeto obligado mediante resolución debidamente fundada y motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido, de acuerdo con las excepciones referidas en
el presente artículo”.

El tercer cambio, contenido en el artículo 38, agrega una nueva competencia a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo que se encarga del contralor y la implementación de la ley y que depende de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), que es la de “desclasificar la información que hubiere sido clasificada por un sujeto obligado, sin ajustarse a los criterios establecidos en la presente ley”.

El representante del Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) en el Consejo Consultivo de la UAIP, Edison Lanza, aseguró que “cuando descubrimos estos artículos y lo que planteaban nos sorprendimos mucho, porque habíamos acordado ya con Agesic la creación de un consejo consultivo que se encargara de analizar posibles reformas a la ley y había buen diálogo y relación fluida. Por eso enterarnos de que se proponen reformas sin consultarnos a nosotros, o a instituciones que sin duda deberían serlo, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, nos llama la atención”. Las mayores discrepancias marcadas por Lanza en nombre de Cainfo con el planteo del Ejecutivo son que
con los cambios en el proceso de clasificación “se genera la posibilidad de que si determinados datos no se clasificaron, se clasifiquen en el momento” y el hecho de que si bien la limitación que tiene que ver con la posibilidad de que un dato esté en el medio de un proceso deliberativo está contemplada en los estándares internacionales, esos estándares son mucho más profundos y precisos que la modificación que el artículo propone.

Lanza destacó positivamente dos puntos de la propuesta: el hecho de que con la nueva modalidad de clasificación se genere “la llamada prueba de daño, es decir que cuando se le niegue la información a quien la solicita la institución explique cuál es el daño probable por el cual no otorgó dicha autorización”, y las nuevas competencias que se le dan a la UAIP. A pesar de reconocer estos aspectos, Lanza no comparte la forma en que se dio el proceso, razón por la que Cainfo convocó una sesión de urgencia del Consejo Consultivo de UAIP para el miércoles.

 

La Diaria, 11 de julio de 2013

 

 

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