/ El País / Control “policial” sobre los medios

Control “policial” sobre los medios

El proyecto de ley de medios deja la percepción de que estos son “una amenaza social”, crea un marco “dirigista” con “sesgo autoritario” y le da herramientas a futuros gobernantes para ejercer un control “policial” sobre la prensa nacional.

Así se expresó la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) esta semana en la comisión de Industria de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley de servicios audiovisuales del gobierno.

El miércoles 17 la comisión recibió a una delegación de Andebu integrada por su presidente Rafael Inchausti, Gabriel Silva, Eduardo Ferrari, Pedro Abuchalja, Rafael Ravazzani, Andrés Ham, María Belén Robles, Juan Andrés Lerena, Mario Garmendia, Héctor Amengual, Marcelo Bonino, Eduardo Portela, y Luis Pardo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR).

Inchausti fue el encargado de exponer la posición de Andebu. Luego de historiar el surgimiento de los medios audiovisuales en Uruguay y la diversidad de ofertas públicas y privadas que existen en el país, el presidente de Andebu atacó directamente el proyecto de ley.

“El panorama de los medios de comunicación se encuentra bastante equilibrado, tanto en lo que respecta a medios privados como a públicos y comunitarios. No solo es equilibrado, sino que la oferta es bastante abundante”, dijo Inchausti.

En opinión del presidente de Andebu, el proyecto “invierte” el principio del artículo 10 de la Constitución, que establece que todas las acciones que no son contrarias a la ley están permitidas para los particulares. “En ese marco, esta iniciativa parecería percibir a los medios de comunicación como una amenaza social o como un peligro para la población, por lo cual sería necesario proteger a los habitantes del país de su actividad, a través de la implementación de numerosas medidas restrictivas para el desarrollo de su función y tutelares de la población”, sostuvo.

Agregó que el proyecto crea un marco regulatorio “intromisivo” y “dirigista” con “tiene sesgo autoritario”, debido a los organismos de control que establece, facultados a imponer sanciones económicas de hasta US$ 1,5 millón, suspensión por hasta 90 días, confiscación de equipos o la pérdida de autorización.

“Con esto, a nuestro entender, se crea un sistema intimidatorio hacia la actividad de los medios de comunicación, que puede ser proclive al ejercicio de la autocensura por parte de los medios y de quienes trabajan en ellos”, sostuvo Inchausti.

También marcó que en el proyecto hay “importantes limitaciones” a los derechos humanos consagrados en el artículo 7 de la Constitución, como el de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. “Además de estos derechos fundamentales, el proyecto de ley afecta principios como el de igualdad, equidad o libre asociación”, agregó.

Si bien se encargó de aclarar que no cree que los gobiernos democráticos pos dictadura hayan pretendido “controlar” o “someter” a los medios de comunicación, sí alertó sobre la posibilidad de que la ley de medios sea “mal utilizada por parte de futuros gobiernos, sean del signo que sean”. “Es una herramienta que en lugar de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión puede condicionarla seriamente en función de quién la utilice”, advirtió.

“Debemos advertir -siguió Inchausti- que este proyecto daría herramientas a los futuros gobiernos que no fueran tan respetuosos y responsables con el funcionamiento de los medios de comunicación para ejercer un control prácticamente policial sobre los medios nacionales, dejando afuera de su alcance a los medios internacionales que llegan a través de distintas plataformas de comunicación, por ejemplo, satélites o Internet, a la que expresamente se excluye de este proyecto”.

“No queremos pensar que a nuestro Poder Ejecutivo, que remitió al Parlamento este proyecto de ley, le hayan vendido una caja de Pandora, y que al abrirla nos encontremos con muchas sorpresas desagradables”, dijo.

¿Para qué?.

Pardo, chileno, presidente de la AIR, se preguntó en la comisión “para qué” en Uruguay se pretende legislar sobre los medios. “Si Uruguay está tan bien evaluado, considerado y reconocido en distintos ranking en materia de libertad de expresión y en calidad de democracia, cuando uno mira desde afuera todo el contenido de este proyecto de ley, la primera pregunta que le surge es: ¿Para qué? Y la verdad es que la respuesta no queda clara”, indicó Pardo.

En su opinión, el proyecto crea “una enorme burocracia” y lo comparó con las leyes de regulación de medios en Ecuador y Argentina, que “desde nuestra perspectiva, no son auspiciosos ni tienen ninguna relación con la realidad del Uruguay”.

“Uno legisla cuando tiene que solucionar, mediante la regulación, algún aspecto que esté funcionando mal o requiera mayor regulación. Pero, ¿legislar por legislar? Es una pregunta que vale la pena formulársela en el buen sentido, y con honestidad intelectual”, dejó planteado.

Con respecto a los organismos que se crean en el proyecto, Pardo criticó en especial el Consejo Audiovisual, por el “fuerte componente e injerencia” del gobierno. “No parece saludable que tengan que existir sensores de lo que circula en los medios”, señaló.

 

El País, 24 de julio de 2013

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.