/ Búsqueda / Vigilar y castigar

Vigilar y castigar

Si el gobierno quería ordenar la concesión, duración y gestión de las frecuencias de radio y televisión —algo legítimo y comprensible—, entonces debió enviar al Parlamento un proyecto de ley sobre eso solo. Pero no lo hizo. Como en el Frente Amplio coexisten sectores que creen genuinamente que la libertad de expresión debe ser respetada y otros piensan, también genuinamente, que debe ser constreñida, la mitad de la propuesta gubernamental también refiere a los contenidos. Insólitamente, el proyecto incluye las dos posiciones: la que prohíbe sin duda posible cualquier avance estatal sobre la libertad de expresión y la que habilita al Estado a hacer prácticamente lo que le venga en gana con ella. Es, en definitiva, un proyecto de ley con el sello del presidente José Mujica: para contentar a tirios y a troyanos, dice una cosa y dice la otra, incluso en un mismo artículo.

Si este proyecto fuera aprobado tal como fue enviado desde el Poder Ejecutivo, el Estado podría atacar duramente la libertad de expresión y, al mismo tiempo, ciudadanos, periodistas y medios podrían recurrir a la misma ley para defenderse de esos ataques. La contradicción del articulado en materia de contenidos es tal, que mueve a la suposición de que el presidente y sus ministros prefirieron mandar al Poder Legislativo, a conciencia, una mala ley, antes que resolver las graves discrepancias que hay en el partido de gobierno sobre este tema esencial para la democracia y para la república.

Véanse, por ejemplo, los artículos 4 y 5 del proyecto. Allí hay, por un lado, una garantía absoluta para la libertad de expresión y, por otro, una enorme amenaza para su vigencia. Dicen: “Los servicios de comunicación audiovisual (SCA) son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información,preexistentes a cualquier intervención estatal“. Pero también dicen: los SCA son “un elemento estratégico para el desarrollo nacional” y son “de interés público”.

En otras palabras: las libertades de expresión e información existen antes que el Estado y, por tanto, “cualquier intervención estatal” está prohibida. Muy bien. Pero, a la vez, la radio y la TV son estratégicas “para el desarrollo nacional” (como pensaban y decían los militares durante la dictadura) y, además, como son “de interés público”, el Estado podría definir para dónde orientar lo que se difunde en esos “elementos estratégicos” en función de un “interés público” cuyo alcance y definición el Estado se reservaría para sí. Por si no se comprende bien, el Estado, en la misma ley, se amputa cualquier posibilidad de intervenir en los contenidos para respetar un “derecho humano” y, a renglón seguido, se asegura las herramientas para regular ese mismo “derecho humano”.

Esto sería suficiente para ilustrar sobre las grandes contradicciones que están presentes en el proyecto. Pero como son tantas (reléase la información deBúsqueda del jueves 23 de mayo, página 21, Nº 1.714), vale la pena detenerse en alguna más.

El artículo 14 dice: “Está prohibida la censura previa, interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual“. Eso no tiene dos lecturas: directamente, no se puede censurar, interferir o presionar, ni de modo directo ni de modo indirecto, sobre “cualquier expresión” (es decir, toda expresión) emitida por “cualquier” canal o radio (es decir, todos los canales y todas las radios). Esto va en línea con las viejas y famosas declaraciones del presidente Mujica a la revista brasileña “Veja”, cuando afirmó sin ambages que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.

Pero antes de que los amantes de la libertad comiencen a festejar por esta suerte de “primera enmienda” a la uruguaya que, sin dudas, asegura el ejercicio pleno del derecho humano a investigar, recibir y distribuir informaciones u opiniones de cualquier tipo y por cualquier medio sin ser molestado por hacerlo, convendría que continúen leyendo el proyecto.

Porque, después de esta declaración de fe libertaria, aparece la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) que, asesorado por la Chasca (Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual) y por un “ombudsman” estatal de los SCA, tiene como cometido aplicar, fiscalizar y hacer cumplir la ley.

El CCA, la Chasca y el ombudsman designado por el Estado incidirían, muy peligrosamente, en los contenidos que difundan las radios y las emisoras de TV, por cuanto dictaminarían sobre asuntos absolutamente vagos, imprecisos e inasibles. Según la misma ley que impide al Estado interferir de cualquier forma sobre cualquier contenido, el CCA, la Chasca y el ombudsman quedan habilitados para decidir cuándo un contenido es “plural” y cuándo no, cuándo es “diverso” y cuándo no, cuándo es “igualitario” y cuándo no, cuándo es “discriminatorio” y cuándo no, cuándo es “repetuoso” y cuándo no, cuándo es “inclusivo” y cuándo no o cuándo es “sesgado” y cuándo no.

¿Quiénes serán los burócratas que tendrían sobre sus hombros tan grave responsabilidad? En el CCA (que es el más importante), cinco individuos de los cuales tres serían designados por el presidente de la República con venia del Senado, uno por el Ministerio de Industria y otro por el Ministerio de Educación. Cinco funcionarios del Poder Ejecutivo, pues.

Los nuevos catones resolverían sobre las “infracciones” a la ley con sanciones que incluyen “observaciones”, “apercibimientos”, “decomiso” de bienes, “multas” exorbitantes, “suspensión” de las emisiones y, finalmente, la “revocación de la concesión, autorización, licencia o registro”.

Así es el proyecto de ley: la gente de la radio y de la TV tiene derecho a decir lo que quiera en cualquier medio y el Estado tiene prohibido interferir con eso. Al mismo tiempo, la gente de la radio y de la TV tiene que saber que puede ser castigada hasta con la clausura si los censores estatales entienden que no ha sido “plural”, “diversa”, “igualitaria”, “no discriminatoria”, “respetuosa”, “inclusiva” y “no sesgada”.

No se comprende por qué un gobierno que hasta ahora ha respetado, en los dichos y en los hechos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, resuelve meterse en camisa de once varas y pone en tela de juicio, inútilmente, su vocación libertaria en la materia. ¿Para qué poner a consideración de los representantes del pueblo un proyecto que, como se ha visto, sirve tanto para un barrido como para un fregado? ¿Para qué confundir?

El Poder Legislativo no debería votar, así como está, este mamarracho político y jurídico que, como todo mamarracho transformado en ley, representaría un peligro y una amenaza para la madre de todas las libertades: la libertad de hablar.

 

Búsqueda, 13 de junio de 2013 – Claudio Paolillo

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.