/ La Diaria / Más o menos

Más o menos

Organizaciones sociales trabajan para profundizar ley de medios; oposición cree que regula “en exceso”

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) comenzó a tratarse ayer en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes. Los legisladores blancos y colorados cuestionan su carácter “reglamentarista”. En el otro extremo, algunas organizaciones sociales trabajan para profundizar y precisar los conceptos de discriminación y concentración de medios, como forma de garantizar la aplicación de la norma.

Los diputados de la comisión comenzaron a definir ayer el cronograma de tratamiento de la ley. La semana próxima asistirá el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, para explicar los alcances del proyecto, y luego concurrirán asociaciones empresariales, trabajadores de la comunicación y organismos estatales vinculados a la materia.

Las gremiales empresariales han cuestionado en general el texto. La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, que nuclea a los propietarios de canales de televisión y radios, entiende que éste limita la libertad de expresión y que podría ser inconstitucional. La Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) criticó las restricciones que se establecen a la publicidad y reclamó su potestad de “autorregularse”. Los diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado prefieren aguardar a que se inicie el tratamiento del proyecto para opinar sobre temas particulares, pero en general entienden que la norma es “excesivamente reglamentarista”. “En principio, no todo lo que hay me gusta. Hay que tener mucho cuidado a la hora de reglamentar el tema medios. Hay que reglamentar lo menos posible, y si es posible nada, mejor”, evaluó el diputado colorado Walter Verri (Vamos Uruguay).

Para el nacionalista Álvaro Delgado (Unidad Nacional), se trata de una ley “muy grande” y “ultrarreglamentarista”. Dijo que le parece “raro” que se quiten competencias a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), que es un organismo “con independencia técnica”. Hizo notar que algo similar sucedió en la ley de presupuesto, cuando se dio más potestades a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en desmedro de la Ursec.

Silencios y testaferros

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) se reunirá la semana próxima para consensuar un documento con propuestas sobre la ley, que se presentará a los legisladores de la comisión. Las organizaciones que integran la CCD trabajan para “bajar a tierra” algunos conceptos del texto.

Por ejemplo, el artículo 27 de la ley establece que los medios deben “ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad” e impedir la difusión de “percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales”. Se señala que no se puede realizar “ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad, discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, credo, ideología, filiación política o condición socioeconómica”.

Para Álvaro Queiruga, integrante de Ovejas Negras, este artículo es “bienvenido” porque “es la primera vez que una ley uruguaya se refiere en tales términos a la diversidad”. No obstante, consideró que es “difícil de aplicar” porque “no da las herramientas para definir qué son estereotipos”. En ese sentido, consideró que la discriminación no sólo es “hablar mal de un colectivo”, sino que muchas veces ésta se da “por ausencia”: cuando la diversidad sexual “nunca aparece”. Evaluó que una opción a estudiar podría ser incorporar una cuota; establecer que el 10% de las piezas publicitarias que se emiten deben dar visibilidad a la diversidad sexual. Por ejemplo, en vez de utilizar una pareja heterosexual para publicitar equipamiento de cocina, que aparezca una pareja homosexual. Queiruga estimó que una disposición similar podría incorporarse para la ficción televisiva.

Además, Ovejas Negras entiende que deberían realizarse campañas de educación para los comunicadores, que muchas veces “no tienen mala intención”, sino que discriminan por “ignorancia”. “La diversidad sexual tiene una historia muy corta, no se le puede pedir a la gente que sepa todo”, señaló.

En tanto, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), también integrante de la coalición, trabaja en afinar algunos conceptos para que sean aplicables las disposiciones en materia de concentración de medios. El proyecto establece que una misma persona física o jurídica no podrá ser titular en forma total ni parcial de más de tres licencias de radio y televisión, ni podrá tener dos canales de televisión o dos radios en la misma frecuencia (AM, FM). Se señala que también se considera titularidad el hecho de integrar el mismo grupo económico que el titular de una frecuencia.

No obstante, para Edison Lanza, de Cainfo, debería precisarse mejor qué se entiende por grupo económico, para garantizar la aplicación efectiva de los límites a la concentración. Lanza sugirió incorporar una definición de grupo económico similar a la que se incluye en la ley de megaminería.

Cainfo también propondrá que las sanciones por incumplimientos a la normativa en materia de medios las aplique el Consejo de Comunicación Audiovisual que crea la ley, y no el MIEM, como se establece en el proyecto. “Las sanciones las debería aplicar el Consejo, que es un organismo experto e independiente. El gobierno no debería tener nada que ver con las sanciones en materia de libertad de expresión, porque no corresponde”, evaluó Lanza.

 

La Diaria, 06 de junio de 2013 – Natalia Uval

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.