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Interponen acción de amparo contra el decreto de TV digital

La presentación asegura que el mismo es “claramente violatorio de las reglas de derecho vigentes” y pide su suspensión.

El escribano Gustavo Yocca, presidente del directorio de Colormel S.A., promovió una acción de amparo solicitando que se suspenda la ejecución del decreto que dispuso la reanudación del llamado a interesados en obtener autorización para brindar el servicio de televisión digital abierta comercial.

La presentación, realizada ante el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, sostiene que el decreto “es claramente violatorio de las reglas de derecho vigentes”, ya que “se establecen restricciones al ejercicio de una actividad privada, sin base legal alguna, violando en consecuencia los artículos 7, 10 y 36 de la Constitución de la República”.

Yocca sostiene que a las sociedades Monte Carlo TV SA (canal 4), Sociedad Anónima Emisora de Televisión y Anexos (canal 10) y Sociedad Televisora Larrañaga SA (canal 12), “se les asegura un canal por el solo hecho de presentarse”, en tanto a las demás empresas del mercado “se les imponen restricciones para ejercer sus derechos constitucionales, en gruesa violación del principio de legalidad, conforme al cual nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe”.

Llamado “discriminatorio”

“Tenemos derecho a que este proceso competitivo se realice de acuerdo a bases igualitarias, no discriminatorias, por medio de un proceso transparente que otorgue igualdad de condiciones a todos los interesados. Muy por el contrario, el decreto pone en marcha un proceso que se asienta sobre bases totalmente discriminatorias que benefician a tres empresas del mercado en detrimento de los derechos de todos los demás interesados”, agrega.

El recurso presentado por Yocca afirma que el decreto “contradice varias reglas de derecho y en consecuencia, corresponde que se revoque el mismo dejando sin efecto el llamado hasta tanto se corrijan todas las irregularidades que padece”.

“No solicitamos su desaplicación indefinida, sino que pretendemos que se suspenda su ejecución hasta que el TCA esté en condiciones de pronunciarse”, señala.

Yocca asegura que “la única vía que le queda para lograr la suspensión del acto administrativo es la acción de nulidad”, ya que la presentación realizada ante la vía administrativa no prosperó y que “los representantes del Poder Ejecutivo anunciaron públicamente que, pese a los recursos, el proceso seguirá adelante”.

Por otra parte, la presentación sostiene que “cuando se exigen requisitos para obtener una autorización, sin ley que lo establezca, se están limitando derechos subjetivos de modo que contraviene los principios constitucionales. Estas limitaciones se están realizando por decreto y sin un marco legal previo que lo autorice. Ya que de acuerdo con nuestra Constitución, no es posible limitar derechos sino por ley y por razones de interés general (artículo 7º)”.

“En este caso, la limitación se establece por decreto y no por ley. A su vez, ese decreto no cuenta con una base legal, dictada por razones de interés general, que autorice la limitación de derechos. O sea que el decreto es claramente inconstitucional”, afirma Yocca.

Ley de medios

Yocca aseguró a LA REPÚBLICA que su rechazo al decreto de televisión digital no significa de ninguna manera que no respalde la ley de medios que impulsa el gobierno para asegurar la diversidad y el pluralismo.

 

La República, 25 de junio de 2013

 

 

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