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Señal de buena voluntad

La ley de servicios de Comunicación Audiovisual ingresó este martes al Parlamento y será tratado en Comisión a partir del mes de junio, según informaron a Montevideo Portal desde el Parlamento. Las empresas con mayor concentración de medios de lo permitido tendrán cinco años para abandonarlos. Resumen del proyecto de ley

Este martes ingresó a la Comisión de Industria la llamada ley de medios, que plantea límites a la concentración de medios audiovisuales, el diseño de un nuevo esquema institucional para gestionar lo referente a medios audiovisuales, una nueva institucionalidad para los medios públicos, limitaciones en las formas de presentación y cantidad de publicidad y en el contenido de las publicidades dirigidas a niños y adolescentes, garantías para el acceso universal a la transmisión de espectáculos de interés público, la creación de un ombudsman que estará enmarcado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y de defensores de audiencia en cada medio, publicidad gratuita electoral según cantidad de votos y la creación de códigos de ética en cada medio, además de varias disposiciones relativas a la protección del ejercicio libre del periodismo, la promoción de la producción nacional independiente, y la búsqueda de diversidad en las ofertas.

Consultado por Montevideo Portal, el diputado nacionalista, Álvaro Delgado, prefirió no hacer declaraciones de fondo sobre la ley, pero expresó que espera un debate amplio entorno al texto, en el que puedan aportar todos los partidos políticos.

En ese sentido, Delgado señaló que se intentó crear un grupo multipartidarios para tratar la ley pero no lo lograron, por lo que ahora espera que la discusión del proyecto cuente con los tiempos adecuados.

Delgado dijo que se trata de una ley que trata “un tema muy sensible” , que tiene “antecedentes no favorables”, en referencia a la Ley de Medios aprobado en Argentina y agregó que “es importante que esta ley no salga sólo con los votos del FA”.

”Vale la pena informarse, aportar e incluir miradas diferentes”, señaló adelantando que se llamará, además de los integrantes del Poder Ejecutivo vinculados a la ley a “todos los actores involucrados”.

Los motivos del gobierno

Luego de enviar en proyecto de Ley, el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa señaló que el texto fue creado en cumplimiento de “uno de los más importantes elementos” del programa de gobierno del Frente Amplio, valorando la creación de un marco normativo completo e integral en materia de medios de comunicación.

Cánepa sostuvo que se trata de “adecuar los medios de comunicación audiovisual a la realidad del siglo XXI”, conociendo el hecho de que se trata al mismo tiempo de medios “comerciales y culturales”.

El prosecretario destacó la definición del proceso de designación de señales “para que no quede bajo la discrecionalidad de ningún gobierno de turno”, dando límites a los tiempos de licencia y estableciendo un pago por el uso de hondas.

También destacó la publicidad electoral gratuita que queda establecida en la ley, señalando que es un mecanismo existente en “muchos países del mundo”, señalando el caso de México y Brasil, resaltando que Uruguay debe “ajustarse a los cánones internacionales”.

En la exposición de motivos de la ley, se expresa que las características de las autorizaciones actuales, junto a la práctica histórica por la que se permite la transferencia hacia los sucesores en caso de fallecimiento del titular, han convertido en objeto de transacción el uso del espectro radioeléctrico autorizado, situación incompatible con su carácter de patrimonio de la humanidad sujeto a la administración de los Estados que la Organización de Naciones Unidas y el régimen jurídico nacional le han dado a este recurso público escaso”.

Otro de los puntos mencionados en la exposición de motivos es la creación de una nueva institucionalidad reguladora “Actualmente el órgano competente para regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el sector es la URSEC, cuya especialidad técnica no se adecua a las necesidades propias del sector audiovisual, caracterizado por su cualidad de vehículo cultural. En este sentido, el proyecto establece, partiendo de la tradición de Europa continental – pero arraigada ya en varios países de la región -, la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), con el objetivo de proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas vinculadas a los Servicios de Comunicación Audiovisual A su vez se consagra, con rango legal, un ámbito de participación social”.

“También es importante, como lo han indicado las organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos y la libertad de expresión, la creación de la figura del Ombudsman, con el fin de defender a las audiencias de los Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta hoy insuficientemente protegidas de los potenciales abusos generados por los distintos prestadores”, agrega el texto destacando también lo relacionado con las garantías para la libertad de expresión e información, la prohibición de la censura previa, la libertad editorial y la independencia de los medios de comunicación.

El contenido del proyecto

Sobre publicidad

La ley establece que no podrá haber más de 15 minutos de mensajes publicitarios por cada hora de transmisión, tanto en radio como en televisión, debiendo transmitirse al mismo volumen que la programación.

“En ningún caso estos tiempos serán acumulables. Se deberá incluir en el cálculo del tiempo máximo previsto el tiempo de un mensaje publicitario emitido en la modalidad de publicidad no tradicional, cuando la duración del mensaje supere los 15 segundos”.

No se contarán como espacios de publicidad en estos quince minutos, el anuncio promocional de los programas de la emisora, ni los comunicados oficiales o campañas de bien público, la publicidad que se emita utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida; la publicidad estática en la transmisión de eventos públicos ni el emplazamiento de productos.

Además queda establecido también un límite sobre los mensajes sobreimpresos en la televisión que no deberán ocupar más de 1/16 de la pantalla, ni exceder de las 8 menciones de diez segundos cada una por hora.

Además de la cantidad, se establecen otras condiciones para la publicidad como ser la identificación del inicio y el fin del espacio publicitario, el respeto por la “integridad del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman”, señalando que la “transmisión de películas cinematográficas y documentales podrá ser interrumpida una vez por cada periodo previsto de 30 minutos”.

También señala que las transmisiones de eventos deportivos solo podrán ser interrumpidas cuando el juego se encuentre detenido, no se podrán emitir señales dedicadas exclusivamente a la publicidad al tiempo que queda “prohibida la emisión de publicidad encubierta y de publicidad subliminal”.

En un articulo dentro de un capítulo específico dirigido a niños y adolescentes de ambos sexos se marcan restricciones a la publicidad, como ser el no incitarlos a compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad, animarlos a que persuadan a sus padres de que compren productos o servicios publicitados, ni prometerles premios o recompensas por ganar nuevos compradores.

Además queda prohibida la promoción de valores o “roles estereotipados que fomenten la discriminación por género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otro tipo” al tiempo que “no puede comprometer valores sociales, por ejemplo, dar la impresión de que la posesión, uso o consumo de un producto concederá al niño, niña o adolescente ventajas físicas, sociales o psicológicas sobre otros, o que no poseer, usar o consumir dicho producto pueda tener el efecto opuesto”.

Por otra parte, se prohíbe el uso de figuras vinculadas a programas infantiles para la publicidad y se dispone que cuando se hace referencia al precio del producto o servicio promocionado se de una idea poco realista de su valor. “Ningún anuncio puede sugerir que el producto anunciado es fácilmente accesible para cualquier familia”.

Programación

En cuanto a la programación se establece que los medios deberán tener lista y publicada su programación con tres días de anticipación y deberán cumplirla con una tolerancia de no más de diez minutos.

Ejercicio del periodismo y libertad de expresión

”Los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”, señala el texto que establece que cada medio debe tener un código de ética que “sea puesto en conocimiento del público, a través de páginas web y otros soportes”.

“El ejercicio de las facultades del Estado frente a los medios de comunicación debe hacer posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión y nunca será utilizado como una forma de censura indirecta”, señala el texto.

Límites en la concentración

“Es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control. Registro”, señala el texto que crea el “Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual con el objeto de asegurar transparencia en la titularidad de los servicios de comunicación audiovisual y en el que se incluirá información de los titulares que tengan autorización, licencia o registro para prestar dichos servicios”, estableciendo que la información del registro debe ser de acceso público.

El proyecto de ley establece que ninguna persona física o jurídica puede ser titular o titular parcial de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta y de radio o televisión ni más de dos por banda de frecuencias, es decir AM, FM o televisión.

“Una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada, con la titularidad total o parcial de más de 6 autorizaciones o licencias para prestar servicios de televisión para abonados en el territorio nacional ni más de 1 autorización o licencia para un mismo o similar ámbito de cobertura local. El número de 6 autorizaciones o licencias será reducido a 3 en el caso que una de las autorizaciones o licencias incluya el departamento de Montevideo”,señala el proyecto en el caso de televisión para abonados.

“Se considerará que una persona física o jurídica privada es titular, total o parcialmente, de una autorización o licencia para prestar servicios de televisión para abonados cuando realice actos relativos a dicha titularidad a través de interpuesta persona”, agrega.

Además no se podrán tener más suscriptores en televisión para abonados que el 25% de los suscriptos en todo el país, al tiempo que los titulares de servicios de Comunicación Audiovisual, no podrán ser titulares de servicios de telefonía o transmisión de datos, más allá de que se realizan acuerdos para transmisiones específicas.

Producción nacional

El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo establece que como mínimo debe haber un 60% de la programación total emitida que sea de “producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad, y la autopromoción”, de la cual un 30% tiene que ser realizada por productores independientes, “no pudiendo concentrar un mismo productor independiente más del 40% de ese porcentaje en un mismo servicio de radiodifusión de televisión”.

También queda establecido que como mínimo debe haber dos horas por semana deberán ser estrenos de ficción televisiva y o películas cinematográficas, y de ésta, al menos un 50% deberá ser de producción independiente, que comience en el horario de 19.00 a 23.00hs.

”Dentro de esta programación, se deberá programar al año como mínimo dos películas cinematográficas de producción nacional, y, en este caso, cada hora de programa se contabilizará como cuatro a los efectos del cálculo del porcentaje”, agrega el texto.

También prevé que “un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberán ser programas de agenda cultural, entendiendo por tales aquellos que promuevan eventos y actualidad de las industrias creativas, como ser teatro, danza, artes visuales, museos y patrimonio, música, libros, cine, videojuegos, diseño, entre otros. Por lo menos el 50% deberá estar dedicado a industrias creativas nacionales”, también comenzando entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Se crea el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual para fomentar y promover el desarrollo de la industria audiovisual, que será administrado por el Ministerio de Industria.

La figura del Ombudsman

Se crea un ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual para “defender y promover los derechos de las personas reconocidos en esta Ley” que debe “velar por la prestación con regularidad, continuidad y calidad de los servicios; las condiciones que aseguren la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en base a información clara, veraz y suficiente.

También deberá “recibir y tramitar denuncias sobre el eventual apartamiento de los servicios de comunicación audiovisual regulados por esta Ley, respecto de las disposiciones que reconocen y garantizan el derecho de las personas y formará “un registro de las denuncias recibidas, presentará informes periódicos y públicos, y elaborará un informe anual de actuación que deberá ser presentado a la Asamblea General”.

Procedimiento para el llamado a prestadores del servicio

“El Poder Ejecutivo realizará un llamado público y abierto a interesados en obtener una autorización para brindar el servicio de comunicación audiovisual no satelital que utilice espectro radioeléctrico, la respectiva concesión de uso del espectro radioeléctrico y la asignación de canal. El mismo, podrá ser convocado cuando la Administración lo considerare conveniente o cada 5 años siempre que hayan interesados en brindar el servicio y existan canales radioeléctricos vacantes y disponibles para destinar al mismo, garantizando la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de la República”, señala el proyecto.

Para la autorización se tendrá en cuenta que “provengan de personas físicas o jurídicas que no sean titulares de otros servicios de comunicación audiovisual que utilicen espectro radioeléctrico para promover la diversidad en la propiedad de dichos servicios; que favorezcan la prestación de servicios a la comunidad de una determinada área de cobertura mediante la oferta de una diversidad de señales o programas que no brinden otros medios; que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local a través de espacios destinados a estimular y difundir programas de producción local, propia e independiente; que incluyan la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión; que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y de calidad; que incluyan programación con contenido accesible para personas con discapacidades auditivas y visuales mediante sub-titulado, lengua de señas y audio-descripción, y el porcentaje de este tipo de programación respecto al total; que posean antecedentes en la prestación de servicios de comunicación audiovisual similares, de los que surja la capacidad técnica del postulante para la prestación del servicio.

Las autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, y su correspondiente concesión de uso de espectro radioeléctrico, se otorgarán por un plazo de 10 años en el caso de las radios y 15 años en el caso de los servicios de televisión.

Para la renovación de esas autorizaciones se deberá realizar una solicitud específica con un año previo y siempre que el titular mantenga los requisitos exigidos por la ley “incluyendo expresamente los compromisos de programación y servicios que brindará de obtener la extensión de su autorización; haya dado pleno cumplimiento durante toda la vigencia de la autorización de las condiciones y compromisos asumidos en oportunidad del otorgamiento de la autorización; se haya emitido informe técnico favorable de URSEC señalando la ausencia de limitaciones en relación con la planificación del espectro; no mantenga deudas con la Administración; no haya sido objeto, durante la duración de la autorización, de 3 o más sanciones graves firmes por incumplimiento en sus obligaciones”.

”Se tendrá en cuenta la disponibilidad de espectro, la existencia de otros interesados en el área de cobertura de la prestadora, se examinará la evolución del sector, y se determinará si la renovación de la autorización puede perjudicar la diversidad y pluralidad del sistema de medios”, agrega el texto.

Publicidad electoral gratuita

En materia de publicidad gratuita electoral, el texto dispone una cantidad de espacio gratuito relacionado con los votos obtenidos en la elección anterior y en caso de que se trate un nuevo partido, se le concederá el mismo espacio que quien recibió la menor cantidad de votos.

”Declárase de interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias, y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país”, sostiene.

“En los casos de elecciones nacionales y elecciones legislativas complementarias, los espacios gratuitos serán distribuidos entre los lemas en función de los votos obtenidos por cada uno de ellos en las inmediatamente anteriores elecciones nacionales. Corresponderá en cada servicio un segundo diario por lema, por cada 0,018% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el país. En el caso de elección complementaria de Presidente y Vicepresidente de la República, se otorgará un tiempo total igual al concedido a la totalidad de los lemas en las inmediatamente precedentes elecciones nacionales. Dicho tiempo se distribuirá en partes iguales entre ambas fórmulas presidenciales”.

Defensor de la audiencia en cada medio

Los titulares de servicios de comunicación audiovisual, en forma individual o colectiva, deben designar un defensor de la audiencia, quien tendrá la responsabilidad de recibir y responder las comunicaciones que remita el público con relación al cumplimiento del código de ética respectivo. El mismo deberá informar periódicamente a través del medio de comunicación, de la página web del servicio y otros soportes, de las comunicaciones recibidas y las acciones tomadas al respecto por él y por el servicio, así como hacer un informe anual de carácter público que será debidamente publicitado y entregado, entre otros, al ombudsman de los servicios de comunicación audiovisual.

Creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Público de Uruguay

Por otra parte, “se crea el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público de Uruguay que será dirigido por un Consejo Directivo, que estará integrado por tres miembros designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores”.

La retribución mensual del Presidente del Consejo será equivalente a un 80% de un subsecretario mientras que la de los restantes integrantes del Consejo ganarán un 70%.

Sanciones

Las sanciones planteadas ante diferentes niveles de infracción de esta ley son observación, apercibimiento, las establecidas en los actos jurídicos habilitantes de la prestación de la actividad, decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción, multa, suspensión de hasta noventa días en la prestación de la actividad y revocación de la concesión.

Como causas de revocación se establece: “el incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para ser titular o, cuando mediando requerimiento, no se hubiesen subsanado en plazo; el falseamiento de los requisitos exigidos para obtener la autorización o licencia; el incumplimiento del régimen de incompatibilidades cuando la infracción la cometa el titular de la autorización o licencia y, en el caso de sociedades, los titulares que tengan el control societario de la misma; por la transferencia total de la titularidad del servicio sin autorización previa del Poder Ejecutivo; por la comisión de una infracción muy grave cuando el mismo sujeto hubiere sido sancionado en el plazo de un año por la comisión de una o más infracciones muy graves; por no haber instalado o iniciado las emisiones dentro del plazo fijado al otorgar la autorización o licencia; por suspensión de las emisiones, sin que medien causas de fuerza mayor debidamente justificadas, durante treinta días en el plazo de un año; por no haber constituido garantía cuando le fuese exigible o por no haberla repuesto en el supuesto de ejecución total o parcial; por el incumplimiento grave, continuado o reiterado de los compromisos y obligaciones asumidos al obtener la autorización o licencia.

El proyecto establece que para los casos actuales en los que hay una concentración mayor a la permitida “los titulares de servicios de comunicación audiovisual deberán transferir las autorizaciones o licencias necesarias para no superar el límite de concentración establecido, para lo cual dispondrán de 5 años a partir de la vigencia de esta Ley para haber culminado efectivamente la transferencia”.

Documentos asociados:


doc asociado
Proyecto_de_ley_de_Servicios_de_Comunicación_Audiovisual.pdf – Proyecto de Ley sobre Servicios de Comunicación

 

Montevideo Portal, 21 de mayo de 2013

 

 

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