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Relator de Naciones Unidas dijo en Uruguay que “la concentración mediática genera distorsiones al sistema democrático de gobierno”

Debate sobre Medios de Comunicación, Cambios Regulatorios y Discriminación organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática.

En la jornada organizada el miércoles 8 de abril, que contó con el apoyo de la Comisión Nacional del Uruguay para la Unesco, participaron Frank La Rue (Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas), Cynthia Ottaviano (Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual), Guilherme Canela (Consejero de Comunicación e Información UNESCO para Mercosur y Chile), Gabriel Kaplún (director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UDELAR) entre otros, quienes desde distintos enfoques dieron una visión de cómo ha evolucionado el panorama de los medios de comunicación tanto nacionales como regionales, y dejaron planteado un itinerario a seguir, con regulaciones inspiradas en los Derechos Humanos, la libertad de expresión y opinión.

Frank La Rue: “Toda ley debe ser mirada en perspectiva de Derechos Humanos”

El relator de las Naciones Unidas Frank La Rue comenzó mostrando su preocupación sobre el tiempo que se tomó el gobierno uruguayo para definir temas claves en materia normativa de comunicación, como la transición a la Televisión Digital o el envío al parlamento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Señaló que es importante “acelerar la marcha, pues son temas que no se pueden postergar” e instó a “resolver pronto” la ley SCA antes de entrar en el proceso electoral que frenaría el debate.

La Rue además destacó la oportunidad única que brinda la Televisión Digital (que por sus características técnicas permitirá albergar más operadores que los actuales) para que finalmente el Estado garantice que todos los integrantes de la sociedad estén representados en el usufructo de las licencias de los medios. Aclaró que si bien la libertad de expresión y opinión son derechos humanos que deben gozar todas las personas, y que sin ellos no se puede hablar de una sociedad democrática, no todas los individuos pueden ser titulares un medio de comunicación, “entonces el manejo democrático y equitativo que se espera del Estado es que asigne la utilización de las frecuencias electromagnéticas por diferentes sectores de la sociedad, y que esa diferenciación permita a todos estar representados”.

La asignación por sectores de la sociedad (que respete íntegramente a todas las comunidades, grupos lingüísticos, étnicos, etc. que existan en un país) es un aspecto básico para que las personas perpetúen su tradición y cultura, aspectos que en definitiva permiten gozar plenamente del derecho a la libertad de expresión y opinión. Los medios comunitarios (diferenciados de los otros dos tipos, “medios públicos” y “medios comerciales”) juegan un rol fundamental, pues por su propia lógica son los que permiten dar lugar a los sectores históricamente relegados.

La Rue advirtió que desde el sector comercial siempre se reclama que los medios comunitarios “se rijan por las tres P: pocas, pequeñas y de poca potencia”. “Eso no es válido. Una frecuencia comunitaria debe regirse por las necesidades de la comunidad: si una comunidad está circunscrita a un municipio, tiene que tener cobertura a ese municipio. Pero si una comunidad abarca varias zonas, tiene que poder llegar a todos esos lugares, sin importar cuán grande sea. No hay por qué pensar que las frecuencias comunitarias por no ser comerciales deben tener menos derechos”, indicó el relator de las Naciones Unidas.

En América Latina los medios comunitarios no tienen el vigor que deberían porque históricamente se vio la comunicación desde una óptica de mercado, y no desde su función social. Frank La Rue instó a “romper con la idea de que todo se maneja por lo comercial“, y recordó que “la comunicación es ante todo un servicio social, y por lo tanto las frecuencias no deben regularse por la lógica de mercado. Eso de que el mercado se regula por sí mismo hace tiempo resultó ser la mentira más grande del mundo”.

En el mismo sentido Cynthia Ottaviano al inicio de su intervención remarcó que el público es “objeto de derecho, no objeto de consumo”, y que es necesario que toda ley que regule los servicios de comunicación audiovisual reconozca a los medios “como servicios que contribuyen al desarrollo socio-cultural del país, no solamente a las arcas de un empresario o corporación”. El relator de las Naciones Unidas para la Libertad de expresión y opinión insistió en que “hay que decirle al sector comercial que la utilización de una concesión del espectro no es como cualquier otra inversión, no es como un comercio, esto tiene que tener una regulación como servicio social”.

Otro de los fenómenos que Frank La Rue identificó prevalecientes en latinoamérica (desencadenado por esa “lógica de mercado” que rige el sistema de medios) es la proliferación de grandes concentraciones en la propiedad: monopolios u oligopolios. Tales situaciones de concentración atentan contra la libertad de expresión y opinión, pues en la medida que los medios pertenecen a un mismo dueño propagan una visión única de los asuntos, y el debate se vuelve flechado. Según La Rue, “la democracia se construye en base a la confrontación libre de ideas”, por lo tanto, para que el sistema democrático funcione en plenitud es necesario que evitar situaciones de concentración: “Defender la libertad de expresión es defender la diversidad de medios y el pluralismo de ideas. Hay un derecho superior que le pertenece a la sociedad que es estar informados, lo cual es precondición para ejercer la libertad de pensamiento y de opinión. Si la recibimos la información encasillada y dirigida se nos está manipulando”.

Pero además de atentar contra la pluralidad y libertad de opinión, La Rue destacó que la concentración de medios “genera una distorsión política del modelo democrático”. Citó dos ejemplos. Primero el de Berlusconi, con el que “quedó demostrado que la concentración de medios lleva a la concentración del poder político, porque es muy fácil manipular el voto”; segundo con el mexicano Ángel González, que a partir de tener monopolios absolutos en diferentes países regala espacios a los políticos para que luego voten leyes benignas que favorezcan sus propiedades: “este señor les regala espacio en sus medios,  pero se los cobra después políticamente a todos los diputados de todos los partidos. Todos hacen romería a Miami para verlo y a todos les da un poquito de publicidad. En mi país (Guatemala) extendieron de 15 a 20 años la licencias de radio y televisión con renovaciones en la concesión sin mayores requisitos, y sin pagar siquiera un canon al Estado”.

Finalmente, volviendo a la situación uruguaya, La Rue dijo que “toda ley debe ser mirada en perspectiva de Derechos Humanos” y alentó a resolver la ley SCA de tal forma.

El caso de Argentina: Defensoría del público y participación ciudadana

Cynthia Ottaviano se encargó de presentó la Defensoría del Público de Argentina, institución recientemente creada a instancias de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ottaviano, titular de la defensoría, dedicó su discurso a contar cómo funciona la institución y cuál es la perspectiva que sobre temas como audiencias, participación y derechos humanos tiene la ley SCA en Argentina.

Ottaviano comenzó comparando la anterior ley de medios argentina, aprobada en la dictadura, con la actual que la sustituyó el 10 de octubre de 2009. Remarcó que hay notorias diferencias: “La ley de la dictadura se encuentra en el paradigma de la doctrina de la seguridad nacional, un paradigma autoritario donde además los medios eran considerados como empresas, y por lo tanto la información era tratada como una mercancía”. La ley 26.522 abandonó esa noción por una donde la información pasa a ser “un derecho humano fundamental e inalienable”.

Otro de los cambio fundamenta que destacó es que con la ley nueva se abandona la idea de que quien accede a un medio es el que tiene más poder económico: “Ahora aparecen los tres sectores de la comunicación (público, privado y comunitario), hay una reserva de un tercio del espectro para el sector de gestión privada sin fin de lucro”. Sin embargo aclaró que hay demoras en la aplicación de la ley: “La ley es del 2009. Han pasado tres años, vamos camino a los cuatro años, y esa reserva no se ha hecho efectiva”.

Ottaviano remarcó otros aspectos positivos de la ley, como el respeto a los contenidos y la libertad de prensa, la promoción de la diversidad y la igualdad de género, la protección de niños/as y adolescentes, accesibilidad para personas con discapacidad y cuotas de producción nacional y local. En definitiva, la defensora del público de Argentina dijo que “es una ley que cuenta con gran validez porque es una de las más debatidas que ha tenido la historia de la Argentina. Hubo un proceso de participación ciudadana a lo largo y ancho del país.”

Respecto a la defensoría del público (institución que si bien se creó por ley en 2009, recién a fines de 2012 se implementó), Ottaviano señaló que su misión es “recibir y canalizar todas las consultas, reclamos y denuncias de oyentes y televidentes”. Destacó que pese a que el organismo no tiene facultades sancionatorias, juegan un rol importante como articuladores: “somos un un enlace entre el público y los servicios de comunicación audiovisual”.

La Defensora recordó que una de las principales objetivos de la institución es fomentar la participación ciudadana, principalmente mediante el macanismo de audiencias públicas. Detalló que están programadas un conjunto de seis audiencias en todo el país, donde la gente podrá plantear sus inquietudes respecto a la ley y se podrá hacer un monitoreo sobre cómo se ha venido aplicando en estos tres años y medio de aprobada. La defensora destacó que ante todo, la Defesoría del Público inaugura en Argentina el concepto de que la audiencia es sujeto de derecho que debe respetarse.

Cambios regulatorios en Uruguay: ley SCA demorada pero necesaria

Gabriel Kaplún realizó un breve diagnóstico sobre el sistema de medios y explicó por qué es necesaria una ley SCA. Señaló que actualmente existe una dispersión de normas y ambigüedad en los mecanismos de aplicación que debe ser resuelto: “Tenemos la ley de radiodifusión de la dictadura militar, que no es tan mala, pues algunos temas de concentración podrían manejarse con ella (que establece que ninguna persona puede concentrar más de tres frecuencias); si esa disposición se hubiera respetado, en Uruguay estaríamos mucho mejor que hoy, pero los mecanismos de aplicación son muy malos”.

Respecto a los tres sectores de medios, el director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación señaló que hay que regular cada uno de ellos de manera distinta, principalmente el sector privado para evitar la concentración, pero también los medios públicos se necesitan fortalecer “con participación ciudadana más clara y potente”. Respecto a los comunitarios se debería “continuar el proceso iniciado por la ley de radiodifusión comunitaria, pero profundizando la aplicación de la norma, que ha tenido dificultades”.

Además, según Kaplún debería operar un cambio a nivel institucional: “Uruguay debería tener por un lado un diseñador claro y potente de políticas de comunicación, y por otro organismos independientes de regulación y de aplicación el sistema legal. La URSEC no ha sido eso”.

Haciendo una cronología de la elaboración de la ley SCA, Kaplún valoró el trabajo del Comité Técnico Consultivo que sesionó entre 2010 y 2011 aportando sugerencias a la ley. Sin embargo, recordó que el gobierno envió señales ambiguas, primero alentando la conformación del comité y luego desalentando su trabajo cuando, el día anterior a que el grupo presentara su informe final con recomendaciones, el presidente Mujica dijo a la prensa que si le traían una ley de medios la tiraria a la papelera.

Pese a todo Kaplún valoró que el proceso dejó aspectos positivos, como la conformación de la Coalición de la Sociedad Civil para una Comunicación Democrática que dejó abierto un ámbito de debate y participación para este y otros asuntos.

Finalmente, dijo que en horas en que se anuncia que la ley SCA está por ser enviada al parlamento, por lo que ha salido en la prensa del texto hay “dos o tres problemas que a uno le preocupan”: “Hemos sabido que el proyecto tiene algunas características que coinciden con lo que acordó el comité 2010 y en otras que no tanto, o que en todo caso se opta por las soluciones más débiles. Sobre todo en lo que se refiere a concentración de medios o a mecanismos rápidos de aplicación efectivos respecto el plazo de la adjudicación de las frecuencias”.

Valoró como positivo que finalmente la ley se envíe al Parlamento para su discusión, aunque recordó que, teniendo en cuenta que el 2013 es el último año de legislatura, la ley está llegando “un poco tarde”.

Coalición por una Comunicación Democrática, 23 de mayo de 2013

Fotos: Juan Garcia Lewin – Defensoría del Público de Argentina

Texto: Javier Perez

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