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Proyecto de “Ley de Medios” al Parlamento

El proyecto de ley “SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”, estipula que su objetivo es el de “regular los servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual”, destacándolo como un marco normativo nuevo. Ahora el Estado opina.

Esta “nueva política” está basada en que como los servicios de comunicación audiovisual son “portadores de información, educación y cultura, derechos reconocidos como inherentes a la persona humana”, ratificado por Uruguay en tratados internacionales e incorporado en su Constitución, se prevé, entre otras cosas, “la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad en los servicios”, “límites a la concentración” de los medios audiovisuales y a la vez la promoción de producción de contenidos nacionales, particularmente los dirigidos a la infancia y la adolescencia. En definitiva, el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad “sujeto a la administración de los Estados que la ONU y el régimen jurídico nacional le han dado a este recurso público escaso”. En simples palabras, el espectro radioeléctrico es de todos.  

El Estado y una incipiente política de comunicación  

Ya no son los 90, claramente. En la actualidad el Estado uruguayo se propone crear una “institucionalidad regulatoria de lo audiovisual con autonomía”. En el proyecto de ley se menciona la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), “con el objetivo de proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas a los Servicios de Comunicación Audiovisuales”, asesorando al Poder Ejecutivo.

El CCA deberá “promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y los derechos culturales de todas las personas y de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”.

Deberá velar por la “alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la finalidad de fomentar la adquisición de la máxima competencia mediática por parte de la población”. De algún modo intentará educar a la ciudadanía para que identifique al gato vestido de liebre.  

A la vez, el CCA desarrollará un “observatorio audiovisual sistematizando los datos estadísticos principales referentes a las empresas, agentes y consumidores del sector, tanto a escala nacional como internacional”.

Además, surge un aspecto muy interesante a desarrollar, vinculado a la consagración y con rango legal, de un “ámbito de participación social” a través de diversos ámbitos institucionales como la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), quienes mantendrán esa apertura con la ciudadanía.

Otro punto de valor de este proyecto de ley tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Público del Uruguay (SNRTVP), como persona pública no estatal, y que tendrá la finalidad de operar y dirigir los servicios de radiodifusión de radio y de televisión públicos, además de “brindar programaciones de radio y televisión abierta para todos”. Implicaría agendar el interés político de los temas públicos que preocupan a la vida de un país: la paz, la democracia, la justicia social, la protección del medio ambiente, los derechos de las minorías, la inclusión social, los ciudadanos uruguayos en el exterior, la ciencia, las artes, la tecnología, la historia, la cultura. Y todo de carácter nacional.

Al respecto de lo uruguayo

También se promueve la producción audiovisual nacional, es decir que la televisión abierta y para abonados, deberán “incluir en su programación programas de producción nacional”.

En los servicios de TV comerciales el 60% de la programación total deberá ser de producción o coproducción nacional, descontando la publicidad. En los servicios de TV públicos ídem.

Añade: “Un mínimo de 2 horas por semana de la programación emitida deberán ser estrenos de ficción televisiva y o películas cinematográficas, y de ésta, al menos un 50% deberá ser de producción independiente”.

Limitaciones a la TITULARIDAD

… de servicios de radio y televisión abierta. Y dice: “una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias (AM, FM, TV), en todo el territorio nacional”.

Mañana la seguimos con otros derechos ante los medios: Ombudsman/censura previa/independencia de los medios/libertad editorial/transparencia/usuarios y consumidores/niños y adolescentes/accesibilidad/periodistas/fútbol/publicidad

Está todo en el proyecto de ley de SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Aquí: bit.ly/10KbPap

 

http://revistalaventana.com, 21 de mayo de 2013 – avenidatoronto

 

 

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