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Ortuño: “Hubo muchos preconceptos” con la ley de medios, “pero es equilibrada y garantista”

El ministro interino de Industria dijo que la Ley de Servicios Audiovisuales respeta la libertad de expresión.

¿Por qué el gobierno cree que es necesario regular los medios de comunicación audiovisual cuando el presidente y vice se afiliaron a la teoría de que la mejor ley de medios es la que no existe?

Yo no veo contradicción en lo planteado por el presidente u otras figuras del sistema político en cuanto a la negativa a la regulación de los contenidos de los medios, con lo que es la regulación como la que persigue e incorpora la ley.  En primer lugar esta ley genera un ambiente que promueve el cambio tecnológico. En segundo lugar garantiza y promueve un sistema de reglas claras tanto para los operadores del sector como la sociedad en su conjunto. Desarrolla criterios como la promoción de la diversidad y promueve un sistema con mayor oferta y que tienda a un equilibrio entre los distintos sectores: comercial, público y comunitario. Al mismo tiempo estimula la promoción nacional. Es una buena ley, moderna y es garantista para la sociedad y también para los operadores.

La oposición pidió un ámbito previo al Parlamento para discutirla. ¿Por qué se le dijo que no a ese planteo?

En materia de comunicación se ha privilegiado el diálogo y la participación de los actores como nunca se hizo. Se abrieron amplios espacios de participación en lo previo a emitir los decretos y los llamados de TV digital. Se ha hecho con la mayor transparencia. En el caso de una ley como esta, el espacio natural para un intercambio multipartidario y con la sociedad es el Parlamento. Allí habrá posibilidades de trabajar con el Ejecutivo y con los actores vinculados a los medios. Sería un error achicar el debate y circunscribirlo solo a la esfera de los partidos.

¿Que  siente el gobierno cuando la oposición antes de tener el texto criticó mucho y ahora que está la norma casi no se han escuchado críticas?

Hubo muchos preconceptos, comprensibles quizás por un contexto con debates a nivel internacional sobre estos temas. Y hubo muchas ideas y muchos planteos imaginativos de qué podía contener la ley. En muchos casos con preconceptos negativos. Pero la ley ha demostrado que es una propuesta equilibrada que no transita los caminos de polémica ni tiene cuestionamientos a la libertad. Por el contrario es garantista de la libertad de expresión. Eso debería permitir una aprobación parlamentaria en un clima mucho más positivo que el de los planteos fatalistas. La voluntad del gobierno no pasaba ni por la censura ni la regulación de contenidos. Espero que ahora podamos trabajar de forma constructiva y ojalá se apruebe en el correr de este segundo semestre.

¿Con el tema de la concentración se mantiene el límite de tres frecuencias por prestador pero se le incorpora el concepto de grupo económico al que pertenecen. ¿Hay alguna situación concreta que supere es límite y que con la nueva regulación tenga que entregar frecuencias?

La ley y estas limitaciones no se pensaron para ningún caso particular. Es la etapa de establecer la norma con carácter general, impersonal y abstracta como dice el Código Civil y luego proceder a lo que sea necesario. Esos son límites de uso a nivel internacional, que sirven para frenar cualquier tipo de desviación monópolíca. Si un conjunto económico tiene lo mismos propietarios detrás, está alcanzado por los límites a la concentración.

¿Pero hay alguna situación que esté funcionando dentro del marco de grupo económico?

No tenemos identificado pero no lo descartamos. Por eso la ley prevé un plazo de adaptación de cinco años para entregar las frecuencias.

Astori hizo referencia a que la ley termina con monopolios y con privilegios para algunas “familias. ¿Se refería a eso?

No puedo interpretar al vicepresidente. Creo que a lo que hace referencia es al establecimiento de reglas claras y transparentes para la asignación de frecuencias que establece la ley. No creo que hubiera referencia expresa a alguna situación particular.

En todo este proceso, que es más amplio que la ley, ha habido críticas de la izquierda porque se considera que a los actuales preemisarios se les han dado algunos privilegios. ¿Qué opinión le merece?

La política de comunicación del gobierno tiene en primer lugar la virtud de existir, después años de inexistencia. En segundo lugar la virtud de establecer cambios importantes, en un sentido progresista y democratizador de las reglas del sistema de comunicación pero sin rupturas.Se transitan cambios pero con una política ordenada y que cumple los principios fundamentales del programa del Frente Amplio para el sector, pero sin confrontación.

El gobierno tenía la intención de incluir a Internet en la regulación, ¿por qué no la incluyó finalmente?

Se entiende que no hay condiciones y no es conveniente para el país para limitar o regular el funcionamiento de Internet. Incorporar en la ley ese aspecto tan particular tiene complejidades de control y de aplicación de la ley muy específica. Sobre todo por el peso de lo internacional y global que tiene Internet y las dificultades de ser alcanzados con regulaciones nacionales, que no se pueden establecer, controlar y aplicar. Trascendía los objetivos concretos de la ley.

¿Por qué no se le permite a las telefónicas tener medios?

La concentración de la producción y transporte de contenidos en empresas  especializadas en ambos servicios, como muestra la experiencia latinoamericana, podría suponer  una total concentración de los servicios en muy pocas manos y muy pocas empresas con enorme poder trasnacional. Eso conspira contra la diversidad y el pluralismo y el mantenimiento de un sistema predominantemente nacional, como el que aspiramos para el Uruguay.

¿Hay diferenciación entre empresas nacionales y las extranjeras?

Hay que diferenciar el tratamiento formal y jurídico y las exigencias, que son las mismas a las empresas independientemente de su origen. Tenemos que avanzar hacia un sistema plural, con mayores ofertas, pero con actores nacionales fuertes y con un sistema de comunicación que privilegie la producción nacional de contenidos y el desarrollo de la industria local. En esto debemos ser también coherentes desde la izquierda. Nos hemos opuesto y nos oponemos a los oligopolios nacionales, con igual firmeza nos tenemos que parar ante el avance  de oligopolios trasnacionales que acaparen y copen el sistema de comunicación. Ni una visión instrumentalista o totalizadora del Estado ni tampoco una visión liberal extrema.

Claro, DirecTV y la televisión satelital

El Poder Ejecutivo quitó a la empresa Claro la posibilidad de ingresar al mercado de la televisión satelital, por considerar, entre otras cosas, que no había conocimiento nominal de sus propietarios. Ese pronunciamiento fue en respuesta a un recurso de los cableoperadores.  “Con Claro hay elementos formales y político. Los formales que supusieron la caída de la autorización otorgada oportunamente fue por adolecer de aspectos de legitimidad importantes, vinculados a una cuestión formal, sino también sustancial, como el conocimiento nominal de los propietarios del servicio de comunicación planteado. Se incurrió en violación de exigencias legales vigentes en el país”, explicó Ortuño. La empresa DirecTV, que es la única que cuenta con la habilitación para vender servicio de televisión digital en todo el país, mantiene la misma característica en la identificación de sus propietarios. Pero el gobierno no puede actuar de la misma forma en ese caso, primero porque no hubo un recurso presentado en tiempo y forma contra la habilitación de esa empresa, y segundo porque la situación de la firma se consolidó. “Su situación se consolidó jurídicamente sin objeciones desde hace larga data, y está sin posibilidades de ser alcanzada por la regulación del ministerio y sus nuevos criterios de regulación establecidos con posterioridad”, comentó. “Si hay otras instancias hacia delante en este tema con Claro, el MIEM va a mantener su política y su definición de ser riguroso en las exigencias formales”, insistió Ortuño.

 

El Observador, 29 de mayo de 2013 – Gonzalo Ferreira y Martín Viggiano

 

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