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¿Necesitamos una Ley de Medios?

Opinan: Carlos Maggi, Pablo Mieres, Washington Abdala, David Rabinovich, Ricardo Peirano y la Coalición por una Comunicación Democrática.   El gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de Ley de medios al Parlamento en los próximos días. El Congreso del MPP definió como prioridad la aprobación de esta ley. La polémica en Argentina sobre la Ley de Medios sobrevuela nuestro país. ¿Hay que regular la adjudicación de los medios audiovisuales? ¿Los canales de televisión y las radios deben dejar de ser herencia familiar? ¿Se debe regular la publicidad oficial? ¿Hay que ponerle límites la publicidad? ¿Tiene que haber una cuota pantalla? ¿Debe limitarse o no la participación extranjera? ¿Son válidos los grupos o cárteles de medios de comunicación? ¿La mejor ley de medios es la que no existe?

Derogar Ley de Radiodifusión de la dictadura

El Uruguay necesita una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La concentración de medios de comunicación -sean estatales o privados- atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo de voces. Es una razón de orden democrático.

El país tiene un grave problema con el control y transparencia de los poderes ocultos o fácticos, ¿qué duda cabe? ¿Por qué acaso cuesta tanto avanzar en la asignación pública y transparente de canales para la televisión digital?

Pero además, el espectro a través del cual transmiten
los medios es un bien público, no privado.

Por ello también un país democrático y republicano
debe asignar y gestionar los bienes públicos con transparencia, reglas de juego claras, plazos de rendición de cuentas y/o devolución.

Por otro lado, el derecho a la información y a la
comunicación es un derecho humano y en ese
marco los medios ofrecen un servicio público. Reducir el papel de los medios a un mero negocio comercial, como de hecho ha ocurrido en el país históricamente, no solo es un error, sino una grave violación a las convenciones internacionales de derechos humanos.

La era de la comunicación unidireccional se terminó,
al menos en los países modernos. Los medios de comunicación tienen que respetar todos los derechos en juego en una sociedad democrática, no censurar contenidos en forma arbitraria ni fomentar la violación de derechos y la estigmatización de distintos colectivos.

Por todo ello es necesario una autoridad independiente
que administre el espectro, promueva el respeto a los derechos humanos en los medios de comunicación y sancione cuando hayan graves apartamientos de las regulaciones que establezcan la ley y la Constitución.

También se requiere una defensoría del público
que atienda los reclamos de las personas que se sientan afectadas por algún programa, publicidad o denuncien cambios arbitrarios en los servicios de pago por parte de algún licenciatiario de televisión, radio o servicios de abono. Una defensoría que sea capaz de mediar entre el público, los servicios de comunicación audiovisual y la autoridad de aplicación.

Se requiere un nuevo estatuto para la televisión
pública que la convierta defi nitivamente en pública (no gubernamental), autosustentable y participativa.

También es necesario habilitar herramientas
efectivas para promover la producción nacional, ¿o acaso solo se puede hacer cine nacional pero no televisión nacional?, e incorporar el mundo de los medios a la educación formal y no formal.

Por último, se requiere derogar la ley de radiodifusión
aprobada por la dictadura, en muchos sentidos una vergüenza internacional. Si el establishment de los medios no se sintiera tan cómodo con esta ley anacrónica, la hubieran denunciado por violatoria de la libertad de expresión. Pocos lo recuerdan, pero esta ley habla de la seguridad nacional, los permisos son precarios y revocables y se puede sancionar a los medios por afectar la moral y las buenas costumbres. Como siempre llegaremos bastante tarde, pero es una deuda pendiente de la democracia. De hecho, ninguno de los grupos de medios ha devuelto jamás una frecuencia por falta de rentabilidad y siempre se oponen a la apertura a la competencia.

Coalición por una Comunicación Democrática


Una elusiva Ley de Medios

(*) Ricardo Peirano

Se hace difícil escribir sobre un proyecto de ley de medios que aún no se conoce y cuyo borrador circula en formato papel por algunas oficinas de miembros de Poder Ejecutivo a fin de evitar su filtración a la prensa.

Se hace más difícil escribir sobre un proyecto de ley
de medios que parece no contar con el acuerdo de una parte importante de dirigentes del FA: en especial el sector que lidera el Cr. Danilo Astori.

Y se hace más difícil aún escribir sobre dicho proyecto
de ley, que enviará al parlamento un presidente que en el pasado dijo que la mejor ley de medios es la que no existe. Ahora parece que va a existir una, y por tanto, por definición, no será la mejor.

Para peor, esta ley de medios se envía al parlamento
cuando aún el Poder Ejecutivo está realizando un llamado a interesados a explotar señales de TDT (Televisión Digital Terrestre) y acaba de revocar a la empresa Claro la autorización para operar una señal satelital de televisión para abonados basándose en argumentos muy débiles y luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hubiera revocado un anterior decreto del Poder Ejecutivo que también denegaba a la empresa Claro a operar la señal satelital.

En el mejor de los casos, podríamos decir que existe
bastante confusión en filas gubernamentales con respecto a los actores y reglas actuales en materia audiovisual como para acometer la tarea de promulgar una ley de medios y que todo aconsejaría dejarla para más adelante cuando las cosas estén más claras.

Máxime teniendo en cuenta que ya estamos entrando
en el período preelectoral.

Dicho esto, pienso que el otorgamiento de licencias
audiovisuales, al pertenecer al espacio radioeléctrico del país y ser limitadas, debe estar sujeto a marco regulatorio claro y transparente y no al arbitrio del Poder Ejecutivo de turno.

Debe haber un llamado a interesados, debe otorgarse licencias por un tiempo limitado y no de “carácter precario” (e ilimitado como ocurre hoy día), debe cobrarse un canon pues se está explotando una onda pública, y debe elegirse el o los mejores proyectos y no a los proyectos de los amigos. En fin, los elementos que rigen en cualquier país de buena calidad institucional en este punto.

Lo que no debe hacerse es regular los contenidos, salvo
lo que puede considerarse “Horario de protección al menor” y ello debe hacerse con suma prudencia a efectos de evitar censuras implícitas o franjas horarias tan largas que prácticamente extienden el horario del menor a toda la jornada.

En cuanto a la publicidad, lo mejor es que cada propuesta especifique cual es la cantidad de publicidad horaria que llevará en su proyecto. Y esto debe ser considerado un elemento de peso a la hora de asignar las licencias. Si hay competencia, seguro que las propuestas buscaran ofrecer una cantidad limitada y exigua de publicidad.

Los grupos de comunicación audiovisual, si los hay, deben tener límites precisos y estrictos pues no es buena la concentración de medios en una sola persona o grupo empresarial. Y debe evitarse la concentración de medios, de señales y televisión por abonados en un mismo grupo. La legislación norteamericana es un buen ejemplo a tomar.

También es preciso que la Unidad Reguladora (en este caso la URSEC) sea independiente del gobierno de turno y con directores cuyo período no coincida con el ciclo electoral.

En definitiva, en este país es mucho lo que hay que hacer para favorecer el pluralismo, la transparencia y la libertad.

Afortunadamente, lo que no han hecho los gobiernos de turno, lo está haciendo el avance tecnológico. Estamos a las puertas de una revolución en este ámbito, y esa revolución tenderá a favorecer la libertad de las audiencias.


Señales muy preocupantes

(*) Pablo Mieres

Nos preocupa mucho la iniciativa anunciada por el gobierno. Particularmente porque se avanza después de que en varias ocasiones el mismo Presidente manifestó su opinión contraria, fundada en muy buenas razones.

Sin embargo, la tónica del gobierno es su permanente cambio de posición, en este y tantos otros temas. El zigzagueo, el amague, el ir para atrás y para adelante, es el único “hilo conductor” del actual gobierno.

Pero en este caso, se trata de un tema de la
mayor importancia.

Nuestra prevención proviene de tres señales preocupantes. En primer lugar el aviso del Frente Líber Seregni que, antes de conocer la iniciativa, adelantó que no está dispuesto a acompañar una propuesta similar a la de Argentina, por algo será que los sectores moderados del Frente Amplio “abren el paraguas” antes de que llueva.

En segundo lugar, porque el signo, la orientación
y el contenido de las normativas reguladoras de los medios de comunicación recientemente aprobadas en otros países de la región, con los que el actual gobierno tiene sintonías que no disimula, han ido todas en la dirección de restringir, limitar y afectar la libertad de prensa y el derecho a disentir y a actuar en forma plural y libre.

En tercer lugar, porque si “la mejor ley de medios es la que no existe”, seguramente un proyecto con casi doscientos artículos está en las antípodas de la afi rmación del Presidente Mujica en 2010 y que nosotros compartimos.

Si va a existir una nueva normativa, esta debe ser concisa, breve y debe estar signada por la mayor preocupación de evitar afectar uno de los más importantes pilares de la democracia, como es la libertad de prensa y la libertad de expresión y el pluralismo.

Una normativa extensa seguramente incluye regulaciones minuciosas, abarcativas y difícilmente evite transgredir límites de la función estatal cuya trasposición afectaría inexorablemente valores que deben ser tutelado.

Se trata de un tema de enorme sensibilidad en el que hay que actuar con gran cautela y delicadeza.

Pero si en defi nitiva el gobierno ha decidido ingresar en este terreno tan complejo y riesgoso, resulta ineludible que, como ya han dicho otros dirigentes políticos, se abra un diálogo serio y profundo entre todos los partidos para discutir y acordar las normas a implementar.

Porque si hay un tema en el que debe existir consenso y acuerdos de Estado, ese es el que refiere a la manera en que el país decide su política con respecto a los medios de comunicación.

Es tan relevante como las propias reglas del juego democrático. Nadie duda que es necesario un consenso amplio sobre las reglas institucionales que rigen el funcionamiento democrático en nuestro país, por eso la Constitución solo puede ser modifi cada por la vía plebiscitaria y las normas electorales requieren dos tercios de votos en el Parlamento.

Pues bien, de igual modo se requiere un acuerdo plural si se va a regular la situación de los medios de comunicación para que todos tengamos garantías sobre la libertad que es, ni más ni menos, el principal valor que está en juego en todo esto.
(*) Presidente del Partido Independiente


«Derecho de Acceso» a los Medios

(*) Carlos Maggi

La mejor ley de medios es, la que no existe; por una razón de origen. Nosotros somos partidarios desde 1813, de promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Si yo me atreviera a proponer una norma nueva, hablaría del “derecho de acceso” a los medios; para que la libertad de expresión tuviera garantida la difusión del pensamiento. (Una cosa es pararse en una plaza y hablar para quienes quieran escuchar y otra es publicar en un diario, hablar por radio, aparecer en la TV o en el cine.)

Pero no me atrevo a proponer ningún cambio. Abrir la posibilidad de frangollar en un campo altamente delicado, cuando este país está muy bien, tal cual está; es buscarse problemas donde no hay problema. En todas partes, aparece gente a la cual la libertad les incomoda… hasta que prueban los abusos del despotismo.
(*) Escritor y Abogado


La Libertad siempre se cuela, jodéte

(*) Washington Abdala

Una ley que regule los medios.
Ja ja.
Es una ley para usar los medios.
No jodan muchachos.
¿Un gobierno va a jugar de buenito en este tema?
¿Hay algún gobierno del mundo que quiere que le peguen?
No, señores, no seamos bobetas.
Las leyes de medios impulsadas por los gobiernos son para agarrarlos de las pelotas.
Ya sé, ya sé,
Hay medios que merecerían eso, por lacras, por serviles, por mierdas.
Pero no es así la cosa, somos demócratas no fachos viejo.
El mundo está harto de ver leyes de medios que son leyes para usarlos.
Y es un debate viejo, burdo, mezquino y cínico.
Porque salen con la sanata de que es por el bien de la sociedad…
Por el bien de todos…
Para distribuir mejor lo que existe…
Todo mentira.
Absolutamente todo.
Igual no importa nada.
El mundo cambió en esto para bien.
La red y su capacidad de pasar contenidos, imágenes y mensajes ya está acá.
Me podés cagar porque no querés oírme…
Pero yo voy a ladrar desde mi computadora y me vas a tener que aguantar.
Metéte la ley de medios donde se te cante.
Sacá tus basuras dogmáticas como las quieras sacar
Hacé tus moviditas que igual te vamos a cagar.
Los graffitis de ayer son los tweets de hoy.
Las reuniones en el barrio son en el chat.
Y si las causas lo valen te vamos a vomitar en la cara.
Estás frito flaco, estás frito. Sos boleta. La libertad siempre se cuela. Jodéte.


Libertad de expresión, No libertad de empresa

(*) David Rabinovich

Frank La Rue, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, estuvo el miércoles 8 de mayo en la sede de APU. Allí, la “Coalición por una Comunicación Democrática” organizó un seminario sobre “Medios de comunicación, cambios regulatorios y discriminación”.

En la primera mesa participaron:
Gabriel Kaplún (UDELAR), Cynthia Octaviano defensora del público (Argentina), Guiherme Canela consejero de Comunicación e Información (UNESCO) y Frank La Rue. Este panel de expertos estuvo moderado por el Dr. Edison Lanza.

La Rue, que en su exposición hizo aportes fundamentales para la reflexión que se nos propone, alertó que “Un recurso que es propiedad pública (frecuencias) debe asignarse a diferentes sectores de la sociedad” porque “todos deben tener acceso a los medios de comunicación social”.

“En América Latina permitimos que fuera prevaleciendo la visión comercial” en la que “toda la comunicación social se ve bajo la óptica del mercado”.

De acuerdo a este diferente enfoque, La Rue cuestionó que hoy “la comunicación es un producto que se vende” (…) “Esto deterioró los medios de comunicación y el papel que tiene la comunicación social, que es un servicio social”.

Tanto vale para el sector público, el privado o el comunitario.

“La asignación de frecuencias no se debe dejar regular por el mercado.

Que el mercado se regule a sí mismo es algo en lo que ya nadie cree”.

“Hay que romper con la idea de que (la comunicación social) debe ser comercial” porque esa lógica trae “la concentración, los monopolios y los oligopolios en los medios”. Afirmó también, y de forma categórica que “la libertad depende de la diversidad de medios y el pluralismo de ideas y visiones”. (…) “Por encima de los de propiedad está el derecho de la sociedad a estar informados”. (…) “Libertad de expresión y de opinión requiere que la información sea diversa y plural”. En este sentido mencionó el ejemplo de Silvio Berlusconi en Italia, como un caso en que se distorsionan los contenidos y se concentra el poder político.

Recordó: “En EEUU se prohíbe la propiedad cruzada; en una misma ciudad quien tiene un canal de TV no puede tener un medio escrito” o una radio. “Es un requisito básico en cualquier parte del mundo para asegurar la pluralidad de medios y el pluralismo de ideas.” (…) “La libertad de expresión es una cosa y la libertad de empresa otra. Por encima está el derecho de las personas a estar bien informadas.”

Respecto a la forma de concesión de las ondas que son propiedad del estado: “No se pueden heredar” porque “uno hereda lo que es propiedad de uno”. “Se puede sí heredar la concesión dentro del plazo establecido”.

“Es importante que existan plazos.

Tiene que haber requisitos, un proyecto al que se compromete y con el que se debe cumplir.”

Además, para el experto de Naciones Unidas “La subasta es el mecanismo más injusto para la asignación de frecuencias.”

“Tiene que haber un concurso público, claro, transparente y en el que todos participen en igualdad de condiciones.

Hay que decirle al sector privado que las comunicaciones no son un negocio como cualquier otro. Es un servicio público lo que se da en concesión”. Por lo tanto son aspectos que deben legislarse.

Por otra parte, cuenta Horacio Verbitsky1 que en la Universidad de Columbia se debatió sobre “la concentración de los medios, el acceso a la información y la libertad de expresión”. Clarín y La Nación, presentes en ese debate, dieron una imagen “distorsionada” de lo que pasó.2

Consigna el cronista que “Según Joseph Stiglitz3 el rol de la prensa es llamar la atención sobre los abusos del mercado financiero contra los ciudadanos y acerca de la corrupción en el sector público, que es igual o peor en el sector privado. Dijo que el suministro de información era un bien público, que cuando estaba disponible beneficiaba
a todos.”

(…) “las consecuencias de la concentración son peores en la prensa que en otros sectores, ya que afecta “el
mercado de las ideas, que es fundamental para la democracia””. “Los criterios antimonopólicos deben ser más estrictos, igual que en el área financiera. Como la televisión es el principal modo de acceso a la información de los ciudadanos que no leen diarios, allí “la concentración puede ser más perniciosa que en otras áreas”.

En este mismo encuentro en la Universidad de Columbia Sergio Jellinek, funcionario del Banco Mundial, contó que hace un tiempo, el dueño del principal diario de la República Dominicana, quien también posee estaciones de radio y de televisión, le dijo que no hacían falta otros medios ya que “nosotros tenemos programas muy diversos, para mujeres, para niños, de cocina”.

NOTAS
1 – Página 12, domingo 12 de mayo de 2013.

2 – http://new.livestream.com/accounts/1079539/events/2051379/videos/17935127

3 – Premio Nobel y expositor en aquel seminario de la Universidad de Columbia
(*) Presidente de la Organización de Prensa del Interior (OPI)

 

Semanario Voces, 16 de mayo de 2013 – Opinan:
Carlos Maggi, Pablo Mieres, Washington Abdala, David Rabinovich, Ricardo Peirano y la Coalición por una Comunicación Democrática

 

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