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Mujica tiene lista la ley de medios para enviarla al Poder Legislativo

La Presidencia prevé enviar esta semana al Parlamento el proyecto de ley de medios, que incluye porcentajes mínimos de producción nacional y define lo que no se puede emitir en el horario de protección al menor.

El Poder Ejecutivo llama a esta iniciativa proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tuvo varios idas y vueltas en la interna del gobierno, hasta que el presidente José Mujica tomó la decisión de enviarla al Poder Legislativo, lo que se concretará esta semana dijeron fuentes de la Presidencia a El País.

El proyecto cuenta con más de 180 artículos. Su primer borrador fue redactado por el entonces director de Telecomunicaciones Gustavo Gómez, luego tuvo una segunda versión de su sucesor Sergio de Cola y posteriormente pasó a la Presidencia, donde se encuentra actualmente para ser firmado por los ministros y enviado al Poder Legislativo tras algunos cambios ordenados por Mujica y que se mantienen en reserva.

El envío del proyecto implica un cambio en la posición de Mujica, que al comienzo de su administración dijo que rechazaría una ley de medios. “Al presidente de la República no le llegó absolutamente nada. El día que le llegue ya ha dicho que va a tirarla a la papelera”, dijo respecto a la posibilidad de una ley de medios en Uruguay, en una entrevista publicada por el diario argentino La Nación el 6 de diciembre de 2010.

Pero en tanto el presidente hacía estas declaraciones, en el Ministerio de Industria ya se trabaja en un proyecto de ley de medios. Incluso la secretaría de Estado ya había reunido en reiteradas ocasiones al Comité Técnico Consultivo que núcleo a diferentes personas y organizaciones que discutieron el posible contenido de esta norma.

Ya en mayo de 2012, Mujica dio un apoyo a esta norma y se negó a tratarla como ley de medios. “Algunos sectores estratégicos del país nunca han sido francamente democratizados, y va a ser muy difícil que avance la democracia en la sociedad sin medios democráticos. Lo que llamamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual intenta como objetivo garantizar la libertad de expresión y la libertad de medios, promover la competencia tratando de reducir la concentración y también defender y fortalecer la industria audiovisual nacional”, dijo.

En la interna del gobierno y del Frente Amplio se respalda la norma, con matices en cuanto a su posible contenido, que la mayoría desconocen. El sector del presidente, el MPP, que en su IX Congreso del pasado domingo expresó la “convicción” en impulsar una ley “que asegura la democratización de los medios masivos de comunicación”. El Partido Nacional le solicitará al presidente que cree un ámbito multipartidario para negociar el proyecto de ley de medios, de manera similar a cómo actuó el gobierno respecto a la minería de gran porte y la energía.

 

Medidas incluidas en el proyecto

El proyecto de ley incluye regulaciones en cuanto los tiempos máximos de la publicidad y prohíbe la publicidad encubierta o no tradicional (también conocida como “chivos”, según trascendió.

El texto prohibe que las empresas de televisión presten servicios de telecomunicaciones, por lo que no podrían ofrecer servicios de telefonía y transmisión de datos. A su vez prohíbe a las empresas telefónicas prestar servicios de televisión, informó el semanario Brecha el pasado viernes. Los propietarios de canales reclaman poder brindar servicios de datos y las telefónicas quieren ofrecer servicios de televisión.

El proyecto también prevé que espectáculos de alto interés público se emitan por las señales de televisión abierta, lo que incluye a los partidos de la selección de fútbol.

El proyecto definiría derechos de las audiencias y crearía una Defensoría de las audiencias a la que los telespectadores puedan acudir para denunciar lo que se considere violatorio de la norma, en base a lo que ese organismo pueda reclamar información o hacer recomendaciones a los medios.

Además marca los pasos y criterios con que se deben otorgar licencias en el futuro, estableciendo que sean por concurso, incluyan consultas públicas y participación no solo de autoridades estatales sino también de la sociedad civil, la academia, los trabajadores y empresarios de la comunicación. Las licencias tendrían una vigencia de 10 años para las radios y 15 para la televisión.

 

El País, 13 de mayo de 2013

 

 

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