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Ley de medios “garantizará transparencia en el acceso”

El Poder Ejecutivo remitió este martes al Parlamento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de medios. La iniciativa está compuesta por 183 artículos.

El proyecto tiene como objetivo regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual (SCA). Desde Presidencia se informó que el objetivo es lograr un abordaje integral del sector, “estableciendo reglas claras que permitan generar un sistema de medios visuales armónico”. 

Entre otros aspectos, promueve la producción de “contenidos nacionales de calidad”, garantiza plenos derechos de libre expresión y asegura transparencia en adjudicaciones de permisos.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, expresó que la iniciativa llega para dar cumplimiento a uno “de los más importantes elementos de nuestro programa de gobierno de contar con un marco normativo completo e integral” en materia de medios de comunicación.

Cánepa destacó que el proyecto busca garantizar con la mayor transparencia el acceso a los medios de comunicación, la titularidad de las licencias y el proceso de designación de las mismas, de manera de que éstas no queden sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno, “sino que exista un proceso claro y transparente como está previsto en esta ley”.

Destacó además el establecimiento de un pago por un canon de utilización de las ondas radioeléctricas y la realización de una propuesta de publicidad electoral gratuita para fortalecer la democracia.

En la exposición de motivos que acompaña los 183 artículos que componen el proyecto se afirma que la propuesta procura modernizar el sector, ya que “tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica”, sobre todo en materia de digitalización de las telecomunicaciones. 

Establece que los servicios de comunicación audiovisual tienen naturaleza tanto económica como cultural, así como valor estratégico para el desarrollo nacional, por lo que el Estado debe asegurar el acceso universal a estos. 

El proyecto -concebido de conformidad con los instrumentos internacionales suscriptos por Uruguay como la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales de la Unesco o los emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos- promueve la producción de contenidos nacionales de calidad, sobre todo programas dirigidos a la infancia y la adolescencia, educativos y de ficción televisiva. 

La iniciativa busca también generar “relaciones equilibradas entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector”. Al mismo tiempo, “se consagran y regulan los derechos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en forma clara y expresa”, estableciendo el necesario marco de seguridad jurídica y el equilibrio entre sus derechos y el de las audiencias.

Se propone la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), en línea con la tradición de Europa Continental, y con la idea de defender a las audiencias se propone la creación del Ombudsman.

A su vez, se crea el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público (Snrtvp) con el objetivo de otorgar mayor autonomía técnica y se incluyen disposiciones relativas a los derechos de los aplicadores de los servicios como, por ejemplo, libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa, la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial. 

Se regula, además, la emisión de mensajes publicitarios y el uso compartido de canales radioeléctricos.

Postura de la oposición.  El diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado, quien había propuesto la necesidad de que los detalles de esta iniciativa fueran discutidos en una comisión multipartidaria que contara con el aval del presidente José Mujica, iniciativa que finalmente no fue aceptada por el Ejecutivo, señaló que de ahora en más lo esperable es que el Gobierno articule y negocie las modificaciones que sean pertinentes y que no utilice su mayoría parlamentaria en un tema “sensible” y a un año de las elecciones nacionales. 

“Nos parecía importante generar consenso político, sobre todo por un tema que es de alta sensibilidad, pero además por el momento. Estamos a un año de las elecciones internas y para tratar un proyecto de ley de estas características hay que generar previamente una instancia, aunque sea acotada en el tiempo, pero donde los partidos se pudieran informar, opinar y aportar”, indicó.

Cuando el proyecto ingrese a la Comisión de Industria de la Cámara Baja, Delgado informó que, tras escuchar los argumentos del Gobierno, la idea será invitar a los miembros de los medios de comunicación.

“Seguramente vamos a convocar a los miembros de los medios de comunicación, a las instituciones que los representan, a hablar del tema. Además del Poder Ejecutivo, yo creo que hay que convocar a los gremios vinculados al periodismo. Me parece que la convocatoria tiene que ser bien amplia. Hay que dar una discusión abierta, amplia, profunda y con todas las miradas posibles para tener la opinión de todos los actores sociales vinculados a los medios. Y después dar una discusión política que ojala el Gobierno en este tema no actúe con la mayoría propia del Frente Amplio”.

A nivel empresarial el tema también está siendo abordado. Desde las 17 horas la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), gremial que agrupa y representa a las empresas privadas de radiodifusión y de televisión, está reunida abordando el tema. La sesión está siendo presidida por el titular de Andebu, Rafael Inchausti.

 

El Espectador, 22 de mayo de 2013

 

 

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