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Ley de medios: creen que hay artículos inconstitucionales

Los sectores alcanzados por el proyecto de “ley de medios” cuestionaron el texto presentado esta semana por el Poder Ejecutivo. Entienden que podría ser inconstitucional, que afecta la libertad de expresión y que subestima al público.

El martes pasado el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un extenso texto de 183 artículos que el gobierno se empeñó en reiterar que no representa una “mordaza” ni es una restricción para la libertad de prensa.

Igualmente, distintos operadores del sector y abogados expertos en la materia señalaron a El País que el proyecto de ley muestra diversas inconsistencias y que puede afectar de manera seria el trabajo en el área audiovisual.

Rafael Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), señaló que hay puntos en los que les parece “que alguna disposición puede afectar algún derecho constitucional”, aunque entendió que aún deberán seguir estudiando el texto.

Inchausti prefirió no señalar qué áreas en concreto fueron observadas con tal preocupación por Andebu, pero sí admitió que “el tema de la libertad de expresión es uno de los aspectos que queremos estudiar con cuidado”.

“Si bien todos los derechos fundamentales pueden sufrir limitaciones en función del interés general, hay que determinar si verdaderamente existe tal interés que debe ser protegido para limitar algunos derechos en estas áreas. Queremos estudiar en los casos que nosotros percibimos que puede ser afectado un derecho fundamental, si justifica por razones de interés general realmente válidas establecer la limitación”, dijo.

 

Otro tema señalado por Inchausti como para ser estudiado con “mayor cuidado” es el de la imposibilidad que se establece para los canales de televisión de brindar servicios de telefonía e Internet.

En ese marco, Andebu creó una comisión integrada por las principales autoridades del gremio (que agrupa y representa a las empresas privadas de radiodifusión y de televisión) y por asesores legales tanto de las empresas como de la propia Asociación para estudiar a fondo el proyecto.

Por su parte, Patricia Lussich, presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), dijo a El País que esta ley lo que hace es “importar un problema que no tenemos”. En ese sentido, explicó que en Audap (que tiene 32 socios y representa a cerca del 80% de la inversión publicitaria en Uruguay) se tomó posición y se coincidió en que “no es necesaria la ley”, para los contenidos publicitarios para niños y adolescentes.

“Defendemos la autorregulación, es lo mejor para nuestra actividad”, dijo Lussich y explicó que Audap y la Cámara de Anunciantes ya integran el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, donde dirimen cualquier controversia que pueda generar la actividad publicitaria.

Así, la presidenta de Audap dijo que “no hay denuncias por problemas como los que plantea la ley” y que “no es un problema en nuestro país en forma tal para que exista una ley que hable específicamente de los contenidos publicitarios para niños y adolescentes”.

Nero De Vargas, presidente de la Cámara Audiovisual del Uruguay (CADU), dijo que aún están analizando la ley, pero que su primera impresión es que en el campo de la publicidad “de alguna forma se subestima al público”.

“Trata de regular la publicidad muy precisamente, y me da la sensación que esa parte, de esa forma, no es necesaria. Los problemas que la ley parecería percibir sobre la publicidad en realidad me parece que no son problemas. Ya están autorregulados esos temas”, expresó.

El País consultó a las autoridades de la Cámara de Anunciantes, pero contestaron que aún están estudiando el proyecto y no tienen una posición tomada para poder opinar.

“Busca refundar”. El abogado especialista en propiedad intelectual Javier Berdaguer, del estudio Guyer & Regules, dijo a El País que esta ley “pretende refundar toda la regulación del sector de la comunicación audiovisual por radio y televisión. Toma el sector y lo regula casi que íntegramente”, afirmó.

Para el abogado, algunos de los aspectos centrales y más novedosos de la ley son la protección de la producción nacional y la lucha contra los monopolios y oligopolios. Según señaló, sobre aspectos tales como la publicidad o la libertad de expresión ya hay normativa en Uruguay.

Berdaguer entendió que el proyecto “busca un balance entre la libertad de expresión y otros valores, y la conclusión a la que llega responde a una identidad política. Lo que termina haciendo el proyecto es alentando o exigiendo que se promuevan determinados valores”, afirmó.

El abogado especialista en propiedad intelectual señaló como ambiguo que el proyecto por un lado habla de que se respetará la libertad de expresión, se prohibirá la censura, habla del derecho de independencia de los medios, pero por otra parte dice que los servicios de comunicación audiovisual son de interés público y se los califica como un elemento estratégico para el desarrollo.

“Por un lado se califica como algo que pertenece a la libertad de expresión y el Estado no se puede meter, pero por otro dice que tienen todas esas cuestiones culturales y valores con las que sí se quiere meter”, dijo.

Como ejemplo, Berdaguer señaló que en la ley se dice que el Estado tiene la potestad de regular para garantizar la libertad de expresión en condiciones de igualdad y no discriminación, y se habla del derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. Por lo cual, “ahí queda claro que no es garantizar la libertad de expresión a cualquier costo, sino con determinados condicionamientos”, expresó.

El abogado entendió que “con todas las medidas que se toman para proteger a la audiencia se establecen múltiples restricciones a los contenidos”.

Por su parte, Jorge Mascheroni, abogado, docente de la Universidad ORT y exdirector de Radiodifusión Nacional, explicó que hay algunos aspectos de la llamada ley de medios que “ponen en riesgo el derecho a la libertad de expresión comercial”, principalmente con los temas publicitarios y cuando se establece que los canales no pueden tener servicios de telefonía e Internet.

En ese sentido, dijo que “hay criterios que establece la ley que son de definición muy subjetiva” y que “hay temas de valoración de las cosas que son tan generalistas que me parece que esto va a generar problemas”. A la misma vez, afirmó que la ley “tiene abordajes al tema de la reglamentación de los contenidos y la publicidad que son muy parciales”.

Para Mascheroni, el capítulo sobre la publicidad infantil y los contenidos de los medios en lo que refiere a los niños es “muy deficiente técnicamente y es muy pobre”. Según entendió, uno de los principales perjudicados será el anunciante.

El abogado también dijo que en la ley se tendrá que aclarar quién es el responsable si la publicidad viola alguna pauta establecida. Según lo contemplado en el proyecto, actualmente es el canal, algo que Mascheroni señaló como un problema. Este punto también fue advertido por Lussich, que marcó como preocupación que en último caso quien es responsable de controlar lo que se emite de publicidad es el medio.

Mascheroni también dijo que los medios nacionales quedan en desventaja y en una situación “injusta”, y se preguntó qué pasa con los canales de cable que tienen todo el contenido que la ley limita para los medios locales. “Genera una desventaja para el anunciante local. Queda en una condición de perjuicio”, afirmó.

Para el abogado especializado también hay puntos que pueden ser inconstitucionales, fundamentalmente cuando se establecen condiciones para ser permisario, puntos que “tal vez tienen algunas condiciones que no son de recibo o serían cuestionables”. “Creo que la ley va a ser modificada ampliamente en el Parlamento. Tiene muchos elementos para ajustar. Es demasiado ambiciosa, muy abarcativa y entonces no tiene mucha especificidad dentro de los temas”, resumió el abogado.

LAS REACCIONES ANTE LA LEY

Rafael Inchausti

PRESIDENTE DE ANDEBU

“Se trata de un proyecto complejo. En algunos puntos nos parece que alguna disposición puede afectar algún derecho constitucional. Nos gustaría que el debate para su aprobación fuera amplio y que se tenga un trámite de consideración. Que se tenga el debido cuidado y se tome el tiempo necesario para que todo su análisis puede ser realizado con la atención que merece. Nos gustaría comparecer en la Comisión para poder opinar”.

Patricia Lussich

PRESIDENTA DE AUDAP

“Creemos en las leyes vigentes; hay un Código del Niño, está Defensa del Consumidor… nuestra posición es de rechazo a una regulación tan grande. Audap es una institución que tiene 65 años y durante toda su trayectoria ha estado convencida que la autorregulación es la mejor solución para lo que tiene que ver con el deber ser de los profesionales publicitarios. No es necesaria la ley; no tuvimos problemas trabajando así”.

Javier Berdaguer

ABOGADO GUYER & REGULES

“Con todas las medidas que se toman para proteger a la audiencia se establecen múltiples restricciones a contenidos. Si la gente quiere ver series americanas y el prestador quiere trasmitirlas, por qué el Estado dice que no, que hay un porcentaje; es una forma de restringir. Ahí hay una restricción a la libertad de expresión, se considera que hay un interés supremo. No se garantiza la libertad de expresión a cualquier costo”.

 

El País, 27 de mayo de 2013 – Andrés Roizen

 

 

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