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La prensa amordazada por el INAU

Como se informa en otra página de esta edición, una resolución del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, sancionó a EL PAÍS con una multa por una nota publicada tres años atrás sobre una banda de menores infractores. El argumento central de la resolución es que dicha nota violó el derecho a la privacidad de tres adolescentes infractores -en particular de uno de ellos- al dar noticia de sus crímenes y suministrar datos que podrían posibilitar su identificación .

La sola enunciación de los argumentos empleados revela el exceso en que incurrió el INAU y la exorbitancia de los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia que le confieren derecho a sancionar -e incluso a clausurar hasta por diez días- a un medio de prensa. Erigido en juez y parte, haciendo las veces de fiscal, magistrado y recaudador, el Instituto multó con un celo burocrático tan desmedido que alguien podría ver en todo esto un intento de perseguir a este diario -vaya a saber por qué razones- antes que una sanción administrativa.

El artículo 29 de la Constitución consagra la libertad de prensa que como las demás libertades, puede ser limitada por la ley en defensa del interés superior de la colectividad y en nombre de la protección de la privacidad de los individuos. Unos límites que según la doctrina corriente cabe analizar con exquisito cuidado para evitar que se transformen en mordaza de la prensa o fomenten la autocensura. Por tanto, ese tipo de valoraciones se confía a los jueces y no a simples funcionarios actuando en vía administrativa, que esa es la desmesurada potestad que el Código le atribuye al INAU.

Si bien está presentado en el Parlamento un proyecto de ley para acotar tan amplias facultades, los medios de comunicación deben entre tanto lidiar con esa sombra que planea sobre ellos cada vez que se ocupan de los menores infractores y sus delitos, tema que por desgracia irrumpe con frecuencia en la crónica policial. El caso que motivó la multa contra este diario es un buen ejemplo del peligro que los medios corren, a la vez de exponer la antojadiza interpretación que el INAU hizo de la nota publicada el 13 de junio de 2010 bajo el título “Los menores que hoy siembran el terror”.

En esa nota se describieron las andanzas de una banda juvenil de gatillo fácil, autora de atracos a comercios, con al menos un asesinato y varios baleados. No se publicaron los nombres de sus miembros en atención a la normativa vigente, pero se citaron sus apodos que, a esas alturas, eran ampliamente conocidos por la opinión pública. Como una parte inevitable del relato periodístico, se describió a quien parecía ser el jefe de la pandilla y quedó señalada la zona en donde vivían él y sus compañeros, y en donde consumaron buena parte de sus delitos. A la postre, el INAU juzgó que esa cobertura periodística configuró “una intromisión ilegítima en la intimidad de un adolescente”, razón por la cual aplicó la sanción.

Lo hizo extralimitando sus prerrogativas -con una severidad que no es precisamente el distintivo de su gestión cotidiana- cuando de la misma nota se desprendía la intención periodística de atender al interés general, que esa es -atención señores del INAU- una de las funciones esenciales de la prensa. Un interés largamente justificado ante el ímpetu criminal que entonces, como ahora, mostraban los menores delincuentes en medio de la creciente inquietud del conjunto de la población. Servir a ese interés era el propósito de la nota que, además, contrariamente a lo sostenido por algún aspirante a leguleyo del Instituto, no se dedicó a “denostar” al joven cabecilla sino que, por el contrario, trató de situarlo en un contexto que permitiera evaluar sus acciones con todos los elementos disponibles. Por eso junto a la reseña de sus sangrientas correrías también se resaltó -en un subtítulo y el texto de la nota- su condición de “víctima de violencia doméstica, padres alcohólicos y una niñez en la calle”.

Más allá de los recursos que EL PAÍS opondrá en tiempo y forma a esta equivocada resolución del INAU, corresponde llamar a reflexión a sus autoridades sobre los riesgos implícitos en su postura sancionadora extrema, capaz de convertir al Instituto en gendarme de la prensa uruguaya. Porque sabido es que allí donde la prensa tiene un fiscalizador oficial, peligra la democracia.

La sanción impuesta a El País por el INAU revela incomprensión sobre la función de la prensa y un exceso burocrático que constituye una amenaza para la libertad de expresión en nuestro país.

 

El País, 14 de mayo de 2013 – Editorial

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