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INAU sanciona a El País por publicar un informe sobre menores homicidas

En uso de una potestad “que se presta para la persecución política” y argumentando que el apodo identifica a la persona, el INAU multó a El País por una nota periodística. La SIP considera que la sanción pone en riesgo la libertad de expresión.

El INAU resolvió multar a El País porque en una nota sobre una peligrosa banda de menores rapiñeros publicada el 16 de junio de 2010, los identificó por su apodo y mencionó el asentamiento en el que residían.

El INAU afirma que El País violó “el derecho a la privacidad” del Ricky, autor hasta ese momento de violentos asaltos y un intento de homicidio, y que un año después, estando fugado del INAU, participó del asesinato a sangre fría de un guardia de seguridad.

Según la resolución del INAU, el artículo de El País incluye “expresiones que son peyorativas y se encuentran dotadas de lesividad de los derechos del adolescente que sin nombrarlo lo individualiza por el seudónimo, que precisamente es como se le reconoce”.

Los servicios jurídicos de El País ya recurrieron la resolución del organismo.

Haberlo identificado por el seudónimo es para el INAU “lo más grave” porque “dichos jóvenes son más conocidos por ellos que por sus propios nombres y apellidos, por lo que claramente se deduce (de la nota) a quiénes se está refiriendo, individualizándolos palmaria y notoriamente”.

Lo curioso del argumento es que los propios jerarcas del INAU han hecho públicamente juicios de valor muy duros sobre el adolescente, a quien no dudaron en identificar por su seudónimo.

El 17 de mayo de 2011, Rolando Arbesún, director (en ese entonces) del Sistema de Ejecución de Medidas a Menores Infractores (Semeji), dijo a Subrayado: “Qué dispone que un adolescente como el Ricky se mantenga en esa trayectoria delictiva sistemática y ascendente como la defino yo, es algo que no se puede decir en una sola respuesta. Hay varias ideas en relación con lo que ha sido su proceso de vida. Pero a esta altura del partido hay un proceso de elección, es un chiquilín que elige las cosas que hace”.

En esa entrevista con Subrayado, vista por miles de personas, en menos de dos minutos Arbesún nombró tres veces al Ricky y el informe incluyó una foto del menor infractor con una banda negra que tapaba sus ojos.

Arbesún, en ese entonces, era un alto jerarca del INAU (responsable de velar por los derechos de los menores infractores): identificó en un medio masivo de comunicación al Ricky e incluso dijo que el menor “elige” ser un delincuente.

En cambio, la nota de El País no identificó al menor por sus iniciales y tampoco incluyó su foto. Se limitó a informar sobre su perfil sicológico y dio datos sobre una trayectoria delictiva que estaba afectando a la comunidad en que vivía.

Autocensura.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, dijo a El País que la nota es “de una legitimidad periodística indiscutible, puesto que aborda un tema de alto interés público que tiene que ver con la seguridad pública y difunde hechos ciertos, contrastados debidamente con numerosas fuentes informativas”.

“Es posible que la nota haya traspasado los límites de lo que establece el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, pero es tan evidente el interés periodístico y público de este artículo, que las autoridades del INAU deberían tener en cuenta esa situación y, por lo menos, hacer una excepción”, opinó.

Paolillo sostuvo que dicho artículo del Código “debería entenderse como la protección general que deben tener los adolescentes y niños en cuanto a su privacidad, pero hay excepciones -como la de este caso- en que su aplicación estricta choca contra los principios básicos de las libertades de expresión y de prensa, y el derecho de los ciudadanos a ser informados”.

Alertó que la multa “tiene el claro potencial de provocar autocensura en los periodistas que hicieron la nota y en los demás colegas cuando quieran informar sobre hechos similares a los relatados en este artículo”.

Paolillo se preguntó: “¿qué ocurriría si algún día un menor de edad comete cinco asesinatos dentro de un restaurante en el momento en que está asaltando a los comensales? ¿Deberíamos los periodistas observar a rajatabla la limitación del ar-tículo 11 para evitar ser multados o tendríamos la obligación profesional y hasta ética de informar todo lo que supiéramos? Está muy bien respetar la privacidad de los menores, pero cuando hay una situación en la sociedad en la que menores “infractores” son los que llevan la delantera en el auge de la delincuencia, es perfectamente legítimo y periodísticamente necesario que alguien se tome el trabajo de informar a la sociedad sobre lo que está ocurriendo”.

Paolillo precisó que el INAU debiera contemplar que “no se trata de una acción sistemática de los periodistas y del diario que se dedican todos los días a vulnerar la privacidad de menores, sino que es un caso muy especial, de enorme interés público, que, como tal -como especial-, debería ser considerado por los funcionarios públicos resueltos a multar. No se trata de una vulneración `al barrer` de la privacidad de unos niños indefensos y desvalidos, sino de información que atañe a una banda de delincuentes que aterra a la población, la cual merece estar informada al respecto”.

Asimismo, consideró que “el argumento central expuesto por el Directorio del INAU es peligroso para la vigencia de la libertad de expresión en Uruguay” porque “se arroga la potestad de `controlar` la información cuando afirma que hay que impedir `la divulgación incontrolada de expresiones vejatorias…`. Esta es una visión claramente contraria a la libertad de expresión, con el agregado nada despreciable de que un grupo de funcionarios públicos considera que está facultado para `controlar` lo que se dice o deja de decir por parte de individuos, periodistas o medios.”

Persecución.

El senador colorado José Amorín presentó en agosto de 2012 un proyecto de ley para quitarle al INAU la potestad de multar (ver nota aparte). “El organismo que debe estudiar la violación al Código de la Niñez es el mismo que recauda, no tiene sentido y se presta para la persecución política. El Parlamento debería analizar esta situación pero el Frente Amplio no se ha mostrado interesado”, sostuvo el legislador.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, consideró “irrisorio” que se multe a un medio de comunicación por publicar el apodo de un menor que ha cometido delitos violentos.

“La población tiene derecho a saber y la inseguridad es un problema de todos. Me parece que el INAU se está dedicando a lo que no debe, empujando a la autocensura de los medios cuando debe reeducar y evitar que estos menores cometan asaltos y asesinatos”, dijo.

 

El País, 14 de mayo de 2013

 

 

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