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En las preliminares del debate de la Ley de Medios

La controversia era previsible y está comenzando a tomar cuerpo. Para un análisis productivo de la ley resulta necesario discutir sobre sus contenidos específicos y abstenerse de prejuicios.

Entre comentarios elogiosos de quienes la promueven, reproches de la oposición reclamando que debió someterse a un proceso previo de discusión y búsqueda de consensos, opiniones de los especialistas y respuestas de expectativas diversas, el Ejecutivo remite al Parlamento más de 180 artículos de regulación para los servicios de comunicación audiovisual.

Primeras escaramuzas

Los críticos dicen que es una regulación demasiado abarcativa, compleja y hasta confusa, que se debate entre la garantía de la libertad de expresión y la vocación controladora del Estado. Que es innecesaria o que maneja conceptos superados por la realidad de los medios modernos. Y no han faltado quienes se preguntan sobre la constitucionalidad de algunas de sus soluciones.

Desde la otra vereda se destaca su valor como instrumento de garantía de los principios de libre expresión, pluralidad, debate democrático y participación, promoción de la producción cultural e identidad nacionales, no discriminación y apoyo a la integración social, principios todos recogidos en el artículo 6º del proyecto.

No resulta ajeno a esta controversia, el clima regional previo, resultante de leyes de medios sancionadas en Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Venezuela, de tono predominantemente controlador y restrictivo, aunque se reconoce que no es ese el talante en el caso uruguayo.

Lo que dice el proyecto

En tal contexto y a pocos días de la remisión del proyecto por el Poder Ejecutivo, no parece conveniente anticipar opiniones definitivas o excesivamente valorativas, y en cambio puede resultar útil intentar una descripción sintética de lo más destacable de la regulación proyectada.

El articulado se distribuye en trece Títulos. En el primero se define el objeto y ámbito de aplicación (dejando fuera entre otros los servicios que utilicen como plataforma Internet, los servicios de telecomunicaciones y comercio electrónico y la prensa escrita). En el segundo se incluyen los principios de la regulación ya mencionados, y en los dos últimos se dispone sobre la transición, la derogación de normas incompatibles y el dictado de normativa reglamentaria.

Los nueve Títulos restantes efectúan desarrollos sobre los derechos de los prestadores (libertad de expresión e información, prohibición de censura previa, independencia y libertad editorial) y de las personas en general (también libertad de expresión e información, transparencia, derechos de las minorías, de periodistas y otros trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual, y derecho de acceso a eventos de interés general), diseño institucional, normas técnicas de operación y funcionamiento, requisitos y procedimientos para la obtención de licencias, servicios de comunicación audiovisual públicos y comunitarios, infracciones y sanciones, costo de licencias (estableciendo un canon nuevo) y precio por uso del espectro.

Con la declarada intención de prevenir monopolios y oligopolios, se establecen limitaciones a la titularidad de servicios de radio y televisión, así como incompatibilidades para la propiedad de servicios de comunicación audiovisual.

También se definen medidas para promover la producción audiovisual nacional.

Principales novedades institucionales

Se delimitan las competencias del Poder Ejecutivo (como diseñador de las políticas) y de la URSEC (como órgano asesor, regulador y controlador en relación con el uso del espectro radioeléctrico y el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en sus aspectos tecnológicos). Y se crean el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (en la órbita administrativa del mencionado Consejo, con una integración representativa de los diversos intereses involucrados).

También se crea la figura del Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual, responsable de defender y promover los derechos de las personas alcanzadas por la ley. Sus atribuciones se encargan a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Y se instituye el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público del Uruguay, como persona pública no estatal, para administrar, dirigir y operar los servicios de radiodifusión de radio y de televisión públicos.

La concreción de lo abstracto

Dado que los principios contenidos en la regulación tienen el grado de indeterminación que es propio de conceptos abstractos, resultan particularmente relevantes y dignas de atención las potestades que se le asignan. El Consejo recibe el cometido de monitorear las políticas y gestión de los medios, así como el de elaborar los reglamentos y pliegos que regirán los llamados a interesados en prestar servicios de comunicación audiovisual y realizar los llamados públicos a interesados en obtener una licencia y concesión de uso.

Se crea como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, en el ámbito de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto. Su Comisión Directiva se integra con cinco miembros, tres de los cuales (incluido el Presidente) son designados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, previa venia del Senado. Los dos restantes son delegados del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Educación y Cultura, respectivamente.

 

El País, 31 de mayo de 2013 – Cristina Vázquez

 

 

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