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Ejecutivo remitió ley de comunicación audiovisual

El proyecto, cuyo objetivo principal es “regular los servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)”, apuesta a fortalecer la comunicación pública y la producción audiovisual nacional, y mejorar la regulación del sector privado.

En la exposición de motivos que explica los objetivos principales del proyecto de ley que el Ejecutivo puso a consideración del Poder Legislativo, el texto afirma que el proyecto “plantea un abordaje integral del sector a efectos de cubrir los vacíos legales existentes, estableciendo reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores”.  

El proyecto entiende que los SCA son servicios “de índole tanto económica como cultural, de carácter estratégico para el desarrollo nacional” y afirma que “los mismos son de interés público, por lo que es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos”. Además, el proyecto “promueve la producción de contenidos nacionales de calidad, específicamente los programas dirigidos a la infancia y la adolescencia, los programas educativos y la ficción televisiva”.

Uno de los objetivos principales del proyecto es “asegurar la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA, al mismo tiempo que se establecen límites a la concentración de los mismos”.

El texto afirma que la situación actual en esa materia es “precaria y revocable”, y que las falencias del marco legal actual ha “convertido en objeto de transacción el uso del espectro radioeléctrico autorizado”. El proyecto busca cambiar el modelo a un “sistema de concesiones de uso y autorizaciones con plazos determinados y renovables”.

Otro punto importante es la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) con el objetivo de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas vinculadas a los SCA”.

El proyecto también propone “un nuevo modelo de gestión de la radio y televisión pública”, con el objetivo de darle al sector “mayor autonomía técnica”, “fortaleciendo su estructura para apostar a mejorar su gestión y la calidad de su programación, creándose así el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público (SNRTVP)”.

En cuanto a los derechos de los aplicadores de los SCA, se subraya la libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa, la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial. A su vez, se regula la emisión de mensajes publicitarios y el uso compartido de canales radioeléctricos.

El proyecto de ley excluye a los “servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo Internet”, las “redes y servicios de telecomunicaciones” y la difusión de contenidos audiovisuales en un circuito cerrado (como varias pantallas transmitiendo contenidos en un centro comercial).

 

El Espectador, 21 de mayo de 2013

 

 

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