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Ejecutivo remite proyecto de Ley de Medios

Más de 180 artículos agrupados en 13 capítulos: el proyecto de ley de medios electrónicos comienza a dar hoy sus primeros pasos. Vea el proyecto.

Finalmente se develó anoche el contenido del proyecto de ley sobre el marco en el que de ahora en adelante se deberán mover los canales de televisión, radios y otros servicios de comunicación audiovisual.

El articulado, al que tuvo acceso LA REPÚBLICA, contiene 13 amplios capítulos que agrupan los casi 180 artículos en donde quedan de manifiesto las disposiciones permanentes y transitorias del espectro radiotelevisivo nacional.

El proyecto “consagra un marco normativo nuevo que tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica del sector”, dice la exposición de motivos de la iniciativa, “particularmente en lo referente a los avances en materia de digitalización de las telecomunicaciones, superando el régimen jurídico vigente desactualizado, concretando su imprescindible modernización”.

Establece la naturaleza de los que el proyecto denomina “Servicios de Comunicación Audiovisual” o SCA, “en tanto son servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional” y dispone que los mismos son de “interés público”, por lo que “es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.

El proyecto será presentado hoy en la sesión del Consejo de Ministros que recogerá la firma de todos los integrantes del gabinete y plantea un abordaje integral del sector radioeléctrico y audiovisual a efectos de cubrir los “vacíos legales existentes, estableciendo reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores”.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la universalización de los mismos. El gobierno entiende que a través de este texto “se persigue asegurar la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias” para ejercer la titularidad de los medios electrónicos. Al mismo tiempo se establecen “límites a la concentración”, lo que para el gobierno son “elementos consustanciales con el pluralismo y la democracia”, y acordes con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

La iniciativa hace hincapié en el cambio propuesto en la forma de otorgamiento de concesiones, pasando de la situación “precaria y revocable” actual, a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones con plazos determinados y renovables. “Las características de las autorizaciones actuales, junto a la práctica histórica por la que se permite la transferencia hacia los sucesores en caso de fallecimiento del titular, han convertido en objeto de transacción el uso del espectro radioeléctrico autorizado, situación incompatible con su carácter de patrimonio de la humanidad sujeto a la administración de los Estados que la Organización de Naciones Unidas y el régimen jurídico nacional le han dado a este recurso público escaso.

Claves

* Las últimas firmas ministeriales se concretaron ayer y hoy se plasmarán en la reunión de gabinete
* El proyecto de ley ingresará al Parlamento por la Cámara de Diputados.
* El gobierno quiere verlo aprobado en el 2014.
* Frase: La Ursec no tendrá incidencia en el nuevo marco audiovisual. Por ello se crea el “Consejo de Comunicación Audiovisual” (CCA).

Los inicios, en julio de 2010

El proceso de creación de este proyecto de ley comenzó con la convocatoria realizada en su momento por el Ministerio de Industria, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (MIEM-Dinatel) para la constitución del Consejo Técnico Consultivo (CTC), que se reunió entre los meses de julio y diciembre del año 2010, con la intención de contar una conformación de amplia representación social, con personas vinculadas a asociaciones empresariales participantes de la cadena de valor de los Servicios de Comunicación Audiovisual, a universidades, sindicatos, y organizaciones sociales vinculadas a la libertad de expresión. Este proceso culminó con el “Informe Final. Aportes para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, donde se consensuaron la mayor parte de los temas allí propuestos, y se dejó constancia específica en aquellos temas en los cuales no se llegó a acuerdos. El proyecto se nutrió de ese informe del CTC.

“Diversidad y calidad de la programación”

Promueven producción de contenidos nacionales

Un capítulo fundamental del proyecto es el referido a los contenidos de los programas, dejándose en claro que esa preocupación no alude a coartar la libertad de expresión.

“Se promueve la producción de contenidos nacionales de calidad, específicamente los programas dirigidos a la infancia y la adolescencia, los programas educativos y la ficción televisiva”, se propone, agregando que “se promueve incrementar la diversidad y calidad de la programación”. Al mismo tiempo, se consagran y regulan los derechos de los prestadores de los medios audiovisuales “fijándose la vinculación de los mismos con otros derechos fundamentales, estableciendo el necesario marco de seguridad jurídica en el sector y el equilibrio entre los derechos de los prestadores de los medios electrónicos y los derechos propios de sus audiencias”, como “el derecho a la diversidad de fuentes de información, opinión y cultura, o al acceso a la recepción de acontecimientos de interés general; y también respecto a derechos específicos como el de los niños, niñas y adolescentes y de personas con discapacidad”.

Se crea un Consejo de Comunicación Audiovisual

Nuevo modelo de gestión de la Radio y la TV públicas

El proyecto propone básicamente un nuevo modelo de gestión de la radio y televisión públicas, dándoles mayor autonomía técnica y fortaleciendo su estructura para, dice la exposición de motivos, “apostar a mejorar su gestión y la calidad de su programación, creándose así el Sistema Nacional de Radio y Televisión Público (Snrtvp).

Considera como “elemento esencial” de una normativa integrada y consistente con todos los temas propuestos en el articulado la creación de una nueva oficina regulatoria de lo audiovisual, con autonomía y potestades específicas con la que se haga posible el “cumplimiento eficiente” de sus cometidos. Actualmente, el órgano competente para regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el sector es la Ursec, pero se entiende que esa especialidad técnica “no se adecua a las necesidades propias del sector audiovisual, caracterizado por su cualidad de vehículo cultural”.

En este sentido, el proyecto establece la creación de un “Consejo de Comunicación Audiovisual” (CCA), con el objetivo de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas” vinculadas a los medios electrónicos. A su vez se consagra, con rango legal, un ámbito de participación social.

Sumado a este nuevo organismo se propone unificar la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (Charc) en la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), manteniendo los “objetivos de transparencia y apertura a la participación del conjunto de la ciudadanía”.

También, como se asegura que lo han indicado las organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos y la libertad de expresión, se concreta la creación de la figura del Ombudsman, “con el fin de defender a las audiencias de los Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta hoy insuficientemente protegidas de los potenciales abusos generados por los distintos prestadores”, considera el gobierno. Para los servicios de televisión para abonados, se obliga la emisión de una señal propia y de transportar las señales de televisión abierta de su localidad. En el capítulo sexto se regula la publicidad y en el séptimo la publicidad electoral. (cara a)

Opiniones

Senador Larrañaga: “Hay que impulsar una ley de medios con acuerdo de todos los partidos porque está en juego la calidad democrática del país”.

Senador Bordaberry: “Estamos muy próximos a la campaña electoral y no es conveniente una ley de medios. Se debería dejar todo para después de las elecciones”.

Vicepresidente Astori: “Vamos por más democracia que asegure a todos el acceso a la información. Y se van a terminar los monopolios en los medios de comunicación. Eso es más democracia”.

Vea el proyecto

Proyecto Ley de Medios

 

La República, 21 de mayo de 2013

 

 

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