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Derechos y torcidos

Los medios de comunicación vinculados a una sensibilidad conservadora desafían los cambios culturales y eluden debatir sobre los derechos en juego en la comunicación. Como si el único sujeto de derechos fuera el periodista o el propietario del medio y el resto, material informativo desechable o, en el mejor de los casos, un punto de rating o una unidad de lectoría. El caso de la multa que el inau aplicó al diario El País por un artículo que identificó a un adolescente con historial delictivo abrió la discusión sobre la aplicación de una norma vigente hace dos décadas, pero nunca antes fiscalizada por el Estado. La Convención de los Derechos del Niño y el propio Código de la Niñez y la Adolescencia fueron aprobados por todos los partidos políticos pero todavía no entraron en vigor en varias redacciones. En este último código se establece que “queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos”.

Hasta el presente esta disposición había sido letra muerta, en particular si se tiene en cuenta la pertinaz exhibición de adolescentes infractores que, con distinta intensidad, vienen haciendo los canales de tevé. La novedad: luego de un proceso administrativo el inau decidió aplicar una multa a El País por identificar y retratar a un adolescente que tiene un historial de agresiones y delitos, como si se tratara de la versión moderna de Al Capone.

Presentar esta multa como un caso de grave violación a la libertad de expresión es un exceso, que juega con la ignorancia que mucha gente tiene en esta materia. Libertad de expresión y la protección de los derechos de la infancia son dos conceptos que no se contraponen. Interpretar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos como una libertad absoluta que no admite ninguna limitación es un error jurídico para principiantes.

Por eso hay algo de interesado en la interpretación de El País y varios actores políticos. Y se vuelve evidente si al día siguiente esa defensa se enmarca en el rechazo de la oposición al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. O si se insiste en un tipo de cobertura que presenta a los adolescentes como quienes “lideran” la ola delictiva –la nota en cuestión es un ejemplo claro–, cuando del total de casos penales iniciados en Montevideo en 2012 por la justicia penal juvenil constituyen apenas el 8 por ciento del total.

Es legítimo que los directores de los medios invoquen las convenciones de derechos humanos y la Constitución para exigir para sí libertad de expresión, pero es preocupante que nunca apliquen en sus redacciones la Convención de los Derechos del Niño. La protección de los derechos de niñas y niños es una limitación permitida a la libertad de expresión en ciertas hipótesis y ambos derechos deben armonizarse. El propio artículo 13.4 de la Convención Americana incluso admite la censura previa de espectáculos para la protección de la infancia, ¿por qué tanto asombro, entonces? “La Convención de los Derechos del Niño es la revolución francesa que llega 200 años después a niños, niñas y adolescentes”, dijo no hace mucho el jurista Emilio García Méndez. Esta dilatoria en reconocer a los niños como sujetos de derecho merecedores de protección específica, y no como personas en situación irregular, debería incorporarse al trabajo cotidiano de los periodistas.

Es cierto que la aplicación de multas a los medios no es una fórmula recomendable, sobre todo cuando se trata de promover cambios culturales y un periodismo de mayor calidad. Pero es un sistema que se utiliza en países democráticos de todas partes del mundo cuando se violentan derechos. La sanción debería ser la última medida, luego de una etapa previa de sensibilización, ante una actitud negligente, y siempre que la aplique una autoridad independiente. Por ello “la ley de medios”, como la llama El País, ofrece mayores garantías que el actual sistema fragmentado donde organismos de conducción política, como el inau, tienen atribución legal para sancionar a los medios.

La sanción puede ser recurrida. Es una pena, sin embargo, que ni los artículos de El País ni la mayor parte de las opiniones vertidas hayan reparado en la necesidad de repensar los dilemas éticos en el tratamiento de temáticas relativas a la niñez y la adolescencia. Ahora al menos sabemos que no es casualidad que El País haya ignorado la aprobación del Código de Ética Periodística de la Asociación de la Prensa Uruguaya (el primero en ser adoptado en Uruguay), que dedica un capítulo íntegro al abordaje de temas de niñez y adolescencia. En esta concepción, se trata de un tema que interesa sólo a algunos periodistas.

 

Brecha, 17 de mayo de 2013 – Edison Lanza

 

 

 

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