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Orientaciones

Código de ética periodística

Después de más de un año de trabajo la Asociación de la Prensa del Uruguay (apu) aprobó en asamblea, el pasado 12 de abril, su Código de Ética Periodística.

El trabajo fue elaborado por el gremio, en conjunto con el Grupo Medios y Sociedad (gms), el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones, de la unesco.

Si bien no pretende ser una “obligación” para los trabajadores, sí estipula una serie de recomendaciones y guías consensuadas en el proceso de discusión. El código, según anuncia el documento en su preámbulo, quiere “fortalecer el ejercicio de un periodismo de calidad, desde la búsqueda y difusión de información, la cobertura de hechos, el rigor informativo, el uso correcto e inclusivo del lenguaje, el equilibrio periodístico y el respeto irrestricto hacia las comunidades y las personas con independencia de su sexo, pertenencia étnica, creencias religiosas, preferencias sexuales o aspecto físico. También promueven el respeto a la privacidad y la dignidad de las personas, sin perjuicio del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público o que refiera a funcionarios o personas públicas”.

Para elaborarlo se contó con el asesoramiento del periodista colombiano Javier Darío Restrepo, de reconocida trayectoria en el campo de la ética periodística; además, el proceso incluyó una serie de charlas y debates por todo el país y una encuesta que fue respondida por más de 250 periodistas.

SERÍA BUENO QUE… Uno de los temas de fuerte debate en el ámbito periodístico es el uso de las cámaras ocultas. Si bien esta herramienta no es utilizada habitualmente por los medios uruguayos, sí existen casos en que la información se obtiene de esa forma. El Código de Ética aprobado promueve el uso de “métodos honestos” para obtener información, por lo tanto invita a que se “eviten” las grabaciones clandestinas de llamadas telefónicas, la utilización de cámaras y micrófonos ocultos, hacerse pasar por otra persona para obtener datos y el soborno a testigos. “Estas recomendaciones son de cumplimiento estricto, y su no observancia sólo es justificable en aquellos casos en los que estén en riesgo derechos básicos fundamentales consagrados por la legislación nacional e internacional de derechos humanos como los relacionados a la vida, la salud o la seguridad.”

El trabajo toma posición respecto del sensacionalismo noticioso, que se considera una “forma inadecuada” de tratar los hechos, y especifica que al cubrir noticias de hechos violentos no es necesario dar a conocer la identidad de los agresores, y sí lo es cuidar las imágenes que se presentan “a fin de no abundar en detalles escabrosos como la exposición de caras y cuerpos con claros signos de violencia ni criminalizar a las personas involucradas cuando se utilizan recursos de ocultación”.

También se considera falta grave el plagio (“copiar o reproducir partes de trabajos existentes sin mencionarlos en forma de citas”) y no advertir a los lectores que determinado hecho que se informa fue previamente sacado a la luz por otro periodista, informando como si se tratara de un hallazgo propio. Los periodistas –se señala– “deben intentar por todos los medios que el público conozca el origen de la información. Si en algún caso ello no fuera posible, o causara algún perjuicio a la fuente, se deben aportar al público los datos que permitan comprender los motivos de tal impedimento.”

NUEVAS FIGURAS. Para garantizar el trabajo de los profesionales se propone la creación de dos figuras: la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales. Sobre el primero se señala que el respeto a la orientación ideológica del editor o propietario de los medios está limitado por “las exigencias inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el derecho fundamental a la información que posee la ciudadanía”. En ese sentido, los trabajadores “no podrán ser obligados a firmar un trabajo profesional que le atribuya opiniones que contradigan sus valores y creencias, ni cuando se introduzcan en una nota informativa de su autoría cambios que desvirtúen el sentido de la informació.” Advierte, sin embargo, que la cláusula propuesta “no debe ser utilizada como excusa para evitar la cobertura de hechos noticiosos o la difusión de opiniones de terceros que sean de interés público y con las que el periodista pueda disentir”.

En torno al manejo de las fuentes, se establece que si el periodista alcanza un acuerdo de anonimato con el proveedor de la información, el mismo deberá respetarse en todo momento y lugar, “a los efectos de no debilitar la credibilidad del periodista”.

CONFLICTOS DE INTERÉS. El código dedica también un capítulo a los conflictos de intereses que puedan presentarse en la labor periodística. Por ejemplo, conmina a los trabajadores a evitar desempeñarse en actividades paralelas al periodismo que puedan “afectar su independencia”, y menciona especialmente el trabajo en áreas de comunicación de organismos públicos, empresas privadas, grupos políticos u organizaciones no gubernamentales.

Considera, también, que los periodistas no deben trabajar por remuneraciones menores a las fijadas en los consejos de salarios, ni contribuir de otras formas a la “precarización de las condiciones laborales propias, de sus compañeros de trabajo, de sus colegas de otros medios o de los trabajadores en general”.

 

 

 

 

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